Justicia. Rafo León, columnista de CARETAS, fue acusado de difamación con una sentencia increíble. Tiempos aciagos para la libertad de prensa.

Rafo León amordazado en nombre de la libertad

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EDITORIAL DE REVISTA CARETAS

 
Rafo León
 
 

 

Al salir del Juzgado, Rafo León señalo que “esta sentencia nos pone a todos en una situación de alto riesgo” porque “si a mí me ponen una mordaza en la boca, a los ciudadanos les ponen tapones en los oídos”.

Después de 40 minutos de lectura de sentencia, Rafo León tomó la palabra. “Usted no solo me ha puesto una mordaza, sino que me impide hablar acá. Yo tengo derecho a hablar. Yo vivo en un país democrático como todos, menos usted, que vive en una isla de autoritarismo, de arbitrariedad y de violación de los Derechos humanos y de prensa”, le dijo a la jueza Susan Coronado Zegarra, titular del 42 Juzgado Penal para Reos Libres, la mañana del martes 3 de mayo en su despacho, ubicado en la sede judicial Anselmo Barreto de la avenida Abancay. En pleno Día de la Libertad de Expresión, ella lo acababa de sentenciar por el delito de difamación en agravio de Martha Meier Miró Quesada, exeditora de fin de semana del diario El Comercio. A la salida de la vetusta oficina, el escritor fue recibido entre aplausos mientras alguien bromeaba con empezar a recolectar una “chanchita”.


La resolución, que será apelada, estableció que León no podrá variar de domicilio sin previa autorización. También deberá acudir mensualmente al Poder Judicial para firmar un cuadernillo durante un período de prueba de un año. Además, tendrá que pagar S/ 6 mil de reparación civil. Si incumple las condiciones, Coronado revocaría el periodo de prueba y aplicaría un fallo condenatorio, cuya pena máxima podría ser de tres años de prisión, según el Código Penal.

En la audiencia estuvo acompañado de familiares y amigos, entre ellos el excandidato presidencial Alfredo Barnechea, el director de La República, Gustavo Mohme Seminario, el director de CARETAS, Marco Zileri ,y periodistas como Rosa María Palacios y Raúl Tola.

El penalista César Nakasaki señala el criterio que debe aplicarse en estos casos. “La libertad de opinión solamente podría constituir un delito siempre y cuando el juez demuestre que se traspasen los dos limites señalados por la Constitución: el interés público de la opinión y la proporcionalidad de las expresiones que se utilizan para comunicarla”, explica a CARETAS.

A juicio del exdecano del Colegio de Abogados Walter Gutiérrez, “un hombre público, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es todo aquel que ha decidido hacer de su carrera y su actividad una actividad pública. En conversación con CARETAS, Gutiérrez precisa que “las personas públicas tienen la obligación de un mayor umbral de tolerancia. La señora Meier tiene un nombre y una actividad que es pública”.

Desde la orilla opuesta, Coronado concluye que la única intención de Rafo fue “descalificar y despotricar” contra Meier. Además, señala que la columna “guarda elementos que son diatribas” que perjudican el honor de la querellante “en el carácter profesional” y menosprecia “la calidad periodística de la crítica realizada” a Susana Villarán. De esta forma, la jueza hace suyos los argumentos de Juan de Dios Zorrilla, abogado de Meier Miró Quesada y otrora defensor del empresario César Cataño y del hincha David Sánchez Manrique, más conocido como el “Loco David”. Zorrilla alega que Rafo invadió la privacidad familiar al pedir el despido de Meier de El Comercio y al llamarla “primita insurrecta”.

Roberto Pereira, abogado de León, advierte que “la única manera para condenar a alguien es que insulte de manera desproporcionada, que no tenga ninguna justificación critica. La jueza ha rebasado esto y se ha solidarizado con Martha Meier. Se ha transformado en ella”.

“Acá ha habido una opinión y eso jamás se sentencia”, explica a CARETAS la jueza María Teresa Cabrera, quien sentenció a la periodista Magaly Medina a cinco meses de prisión efectiva en octubre del 2008. “Las apreciaciones críticas no son punibles. En este caso no ha habido dolo ni animus difamandi, y mucho menos un intento por tergiversar una noticia”.

Gutiérrez, finalmente, subraya que un juez debería conocer alrededor de 100 instrumentos en materia de Derechos Humanos firmados por el Perú y como mínimo 300 casos de jurisprudencia internacional. Coronado, que es una juez suplente, recién asumió el despacho en marzo del 2015. “De no revocarse esta sentencia en la Corte Superior el Estado Peruano asumiría internacionales por haber transgredido los estándares internacionales en materia de libertad de expresión sancionados por la CIDH”, advierte. Finalmente, es sintomático que la jueza no haya considerado que el director de El Comercio desmintió a Meier en una declaración exclusiva para esta revista (CARETAS 2433), argumentando que no hubo relación alguna entre la columna de León y el despido.

Instituciones como la Cámara Peruana del Libro, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo publicaron sendos comunicados en apoyo a León. También hizo lo propio Pedro Pablo Kuczynski y Verónika Mendoza. Keiko Fujimori guardó silencio, pero su excandidato al Parlamento Andino, Rolando Sousa, le hizo un guiño a la causa de Meier. “¿Y la amenaza a la juez que vio el caso? La prensa callará como siempre”, escribió. En realidad, las amenazas a la libertad de expresión y las mordazas vienen del fujimorismo. Específicamente de Meier, quien fuera excandidata fujimorista de Perú al 2000 con el número 117. La historia ya es conocida.

 

 

 

 

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