Bloqueo económico, amenazas de guerra y asedio diplomático

Pruebas de la agresión abierta de EEUU contra Venezuela

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mundo.sputniknews.com

       

05JULIO2018

 

 

Estrategia de cambio de régimen

 

Desde que la Doctrina Monroe entrara en vigor en 1823, EEUU se siente libre de inmiscuirse en los asuntos internos de los países latinoamericanos bajo el pretexto de defender su "seguridad nacional". Por eso, tras la elección de Hugo Chávez como presidente, Venezuela se convirtió en una amenaza para el esquema estadounidense de dominación y control de la región.

Desde ese momento, Washington utiliza la estrategia de "cambio de régimen" que condujo al Gobierno de George W. Bush a financiar y apoyar el fallido golpe de Estado de abril de 2002.

Sin embargo, la política de "cambio de régimen" en Venezuela no siempre se ha realizado de manera tan directa. Uno de sus "pilares" es el llamado Decreto Obama aprobado en 2015, que marcó la escalada de la agresión norteamericana contra Caracas.

La ley calificó a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU" y, de este modo, permitió imponer cualquier tipo de medida contra el país latinoamericano. La orden le dio marco legal a lo que hasta entonces era una política no oficial, que se ejecutaba mediante operaciones financieras, políticas, mediáticas, paramilitares y diplomáticas encubiertas.

Sputnik presenta las pruebas de la política de agresión y de la violación de la soberanía que realiza el Gobierno estadounidense en Venezuela y que afecta esferas como la economía, las relaciones internacionales y la seguridad nacional del país. Esta recopilación está basada en un informe elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.


Las sanciones individuales


Se les prohíbe el ingreso al territorio de EEUU.

Se congelan e incautan sus activos financieros, así como las cuentas y los bienes que puedan tener estas personas en EEUU.


Estos altos cargos, en su mayoría la máxima autoridad de instituciones comerciales o políticas del país, no pueden tener relaciones comerciales o financieras con entidades estadounidenses, lo que obstaculiza la firma de convenios o de acuerdos comerciales.

 

Restricciones individuales, que como las presenta el Gobierno norteamericano, automáticamente se extienden a los familiares de las personas sancionadas.

 

La implementación de sanciones para ejercer una presión económica y, como resultado, política, no es nada nuevo para EEUU. Cuba, Irán, Rusia, Siria son algunos de los países atacados por las restricciones estadounidenses, tomadas unilateralmente. El área más afectada siempre es el sector económico y financiero.
 

Desde el año 2017, la nueva Administración Trump optó por aplicar medidas individuales contra cargos clave del Gobierno venezolano. El propio presidente Nicolás Maduro, como otros altos funcionarios, así como militares, civiles, personas o empresas calificados por EEUU como asociadas política o económicamente al aparato gubernamental son el blanco predilecto de estos ataques.

 

A partir del 2018, EEUU cambia el enfoque y prohíbe a las personas y a las entidades del sector financiero estadounidense realizar operaciones con los organismos gubernamentales de Venezuela.

 

Internalización de la agresión

 

Con una feroz campaña de presión, el Gobierno estadounidense logró que los países europeos y otros socios de EEUU participen en el bloqueo económico de Venezuela y en su aislamiento diplomático.

Los países de la Unión Europea, Canadá, Ucrania, Moldavia, Georgia, Macedonia, Montenegro, Albania, Bosnia Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Costa Rica, Panamá, junto con el autor de la estrategia, EEUU, formaron una coalición no proclamada para presionar y con eso desestabilizar a Venezuela.

Los Gobiernos de México y Argentina declararon que también estudian imponer restricciones contra Caracas.


Efectos y razones de la agresión económica


Estas son algunas de las consecuencias de la guerra económica lanzada por EEUU y apoyada —voluntariamente o bajo presión— por sus socios:

 

1. El comercio internacional de Venezuela se ve fuertemente obstaculizado por las restricciones norteamericanas y, también, por la participación de los aliados de Washington en el bloqueo económico. La política de agresión priva al país del acceso a alimentos, medicinas y bienes esenciales.


2. Varios activos que pertenecen a Venezuela se encuentran congelados o arrestados en bancos internacionales.


3. El bloqueo de cuentas y de operaciones financieras y transacciones por parte de las instituciones gubernamentales y las compañías privadas impide el pago de los compromisos de Venezuela.


4. Los socios extranjeros del país latinoamericano también se ven afectados por los problemas creados por EEUU en las operaciones de compra y venta que gestiona Venezuela.


Es importante destacar que Washington no ha enmascarado el objetivo verdadero de su política de presión económica aplicada contra el país. Así, el Departamento de Estado de EEUU declaró: “En el último año hemos sancionado a más de 50 personas. El Grupo de Lima se unió a este esfuerzo y creó una entidad de presión hemisférica adicional en Caracas […] La campaña de presión está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto al Gobierno venezolano lo han obligado a comenzar a caer en 'default', tanto en deuda soberana como de PDVSA, su compañía petrolera. Y lo que estamos viendo debido a las malas elecciones del régimen de Maduro es un colapso económico total en Venezuela. Entonces nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona y la mantendremos en manos de los venezolanos".


Todo eso se presenta a la comunidad nacional como parte de la lucha de EEUU por la restauración del 'sistema democrático' en Venezuela. Sin embargo, tal demagogia busca justificar la guerra económica lanzada contra el país latinoamericano. La presión económica intenta forzar una situación de caos y violencia que haga ingobernable al país y deslegitime al Gobierno y a todo el chavismo. EEUU busca crear una crisis económica interna que pueda ser utilizada como excusa para acciones desestabilizadoras en el campo político.
 

El fracaso de la estrategia de concretar una Revolución de colores aplicada en 2017, se salda en 2018 con un plan estratégico para asfixiar la economía venezolana, producir la ruina del país, empujar a la población a la migración masiva o al conflicto civil interno y generar condiciones para la denominada "intervención humanitaria", reminiscencia de los planes aplicados a otras naciones.

 

Nuevos escenarios, viejas recetas…


La posibilidad de una intervención militar en Venezuela ha sido formulada por parte de los políticos estadounidenses en varias ocasiones. Así, Donald Trump declaró que su país tiene "muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar de ser necesario".

En febrero 2018, el entonces Secretario de Estado EEUU Rex Tillerson indicó que, en el caso de Venezuela, podrían ser los militares los que intervengan para promover un cambio democrático.

 

Asedio diplomático


La política de Washington afecta no solo la situación económica y social de Venezuela sino también pretende cambiar la disposición de otros países con relación al país caribeño en la esfera internacional.

Aquí ha servido como herramienta la Organización de Estados Americanos (OEA). Desde el 2014, EEUU ha emprendido 32 intentos de agresión contra Caracas en este organismo. “Continuaremos utilizando a la OEA como un vehículo para promover la presión sobre el régimen de Venezuela. ha dicho Rex Tillerson

El último ataque fue cuando el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, intentó suspender al país de la OEA a través de una resolución elaborada junto con el Grupo de Lima. Este está compuesto por los países de América Latina adversos al Gobierno venezolano y fue calificado por Washington como "una entidad de presión hemisférica adicional en Caracas"

 

Mientras el bloqueo económico busca ilegitimar al Gobierno de Maduro en el país, el asedio diplomático pretende conseguir la misma meta a nivel internacional, lo que podría privar al país de la posibilidad de apelar a las instituciones internacionales para poner fin a la guerra económica y política implementada por EEUU.

 

 

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