El Affaire Kuczynski

Las cuentas y los cuentos de PPK

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DIARIO EXPRESO

 

 

 

 

Ex procuradora Katherine Ampuero ratifica pedido para que se le investigue. Depósitos realizados a cuenta de PPK nuevamente en la mira. Se le habría hecho entrega de US$ 250 mil al jefe de Estado desde una empresa de Gran Caimán.


La salida de Katherine Ampuero de la procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht encendió la mecha de una megabomba que amenaza con desestabilizar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. La hasta hace pocas horas abogada del Estado volvió a demandar que se investigue el depósito de un cuarto de millón de dólares que habría realizado la empresa TRG Allocation Offshore de Gran Caimán –supuestamente vinculada a la constructora brasilera– a una de las cuentas del mandatario.


Ampuero ratificó que dicha transferencia de dinero se realizó en plena campaña electoral, y aclaró que el Ministerio Público se encuentra evaluando su pedido para que se investigue al jefe de Estado por ese tema.

“El caso ha sido derivado a la fiscalía especializada en el delito de corrupción de funcionarios, porque, de acuerdo al fiscal superior de lavado de activos, estas transferencias de dinero estarían vinculadas a presuntos actos de corrupción”, dijo.

Horas antes había declarado –en una conferencia de prensa que ofreció junto a Julia Príncipe– que su salida de la procuraduría pública se debía a que sus investigaciones causaron malestar en el Poder Ejecutivo.

Los cuestionamientos


En las últimas horas la congresista Yeni Vilcatoma entró al ruedo de las críticas y denuncias que desde hace algunos meses se vienen formulando contra PPK por sus supuestos vínculos con empresas cuestionadas. Fue al difundir a través de su cuenta de Twitter un mensaje en donde le pregunta al mandatario lo siguiente: “Sr. @ppkamigo para que precise si ha prestado servicios profesionales a Odebrecht, Graña & Montero, JJCamet? IRSA Sur #RespondePPK”.

La legisladora publica un documento que contiene las respuestas de Kuczynski –como testigo– en los cargos que se le imputan al expresidente Alejandro Toledo sobre el caso de la Carretera Interoceánica. El cuestionario fue presentado por la procuraduría pública ad hoc para el caso Odebrecht a cargo, en ese momento, de Katherine Ampuero.

Una de las preguntas que se le formula es para que informe si en su condición de economista ha prestado servicios para alguna de las empresas integrantes de la concesionaria Sur Tramo II S.A. y Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3, entre las que se incluye Odebrecht, Graña y Montero (GyM), JJC Contratistas Generales, entre otras.

Frente a este requerimiento la defensa del PPK se opone a que responda esa pregunta, al establecer que el contexto de dicha investigación está “perfectamente definido” por la disposición que señala como imputados a Alejandro Toledo y a los miembros de ProInversión por el presunto delito de colusión.

“Mi cliente no tiene condición de imputado en esta investigación y el sentido que podría tener la respuesta formulada, carece de relevancia para aportar a los hechos que son objeto de esta investigación”, sostiene la defensa de PPK.

La procuraduría advierte que la pregunta obedece estrictamente a esclarecer los hechos materia de la investigación, ya que uno de los delitos que se investiga es el de colusión desleal respecto al contrato en el que las concesionarias Sur Tramo II S.A. y Interoceánica Sur Tramo 3, resultaron beneficiadas con las buena pro.

“Se imputa al expresidente Alejandro Toledo la supuesta comisión de este delito y siendo que él tenía facultad de nombrar a los ministros de Estado, cargo que ocupó el testigo [Pedro Pablo Kuczynski]”, se indica.

En ese sentido, la procuraduría precisa que el objetivo es determinar si Toledo, mediante el nombramiento de sus ministros, habría tenido algún tipo de vinculación con las empresas ganadoras de la buena pro de la interoceánica, buscando favorecer irregularmente a las mismas.

Finalmente, la Fiscalía les da la razón a los defensores de Kuczynski al precisar que “la diligencia para recibir las declaraciones del testigo no resiste imputación en ese momento, en la medida en que fue convocado como fuente de información para esclarecer los hechos”.

La historia


Sin embargo, no es la primera vez que se le vincula al mandatario con presuntas operaciones financieras sospechosas y empresas cuestionadas. De acuerdo con el oficio 6149-2016 SBS del 17 de febrero del año pasado (publicado por La Mira TV, canal por internet que tiene mucha aceptación entre la comunidad hispana que vive en Nueva York), Pedro Pablo Kuczynski se encontraría incluido en una relación de 69 personas a las que se le levantó el secreto bancario por este tema.

Como sustento a esa denuncia se presentó una nota de inteligencia de la Unidad de Inteligencia Financiera que incluye –efectivamente– el nombre de Kuczynski.

El 28 de febrero de este año, Katherine Ampuero envió al fiscal de Nación, Pablo Sánchez Velarde, el oficio Nº 41-2017-JUS/PPAH-ODEBRECHT remitiéndole la denuncia que involucra al mandatario para “que se tomen las acciones que correspondan por tratarse de hechos atribuidos a un alto funcionario público”.

En su oficio, la exprocuradora hace mención también a los depósitos financieros que habría realizado (entre 2007 y 2008) Odebrecht Latinvest Perú a Latin America Enterprise, empresa vinculada a Pedro Pablo Kuczynski.

“Al amparo del artículo 329 del Código Procesal Penal, que faculta al fiscal a iniciar actos de investigación cuando tenga conocimiento de la comisión de algún delito de persecución pública, a efectos de que se tomen las acciones que correspondan por tratarse de hechos atribuidos a un alto funcionario público”, indica Ampuero en el documento.

No obstante, días después el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, declaró que su institución nunca envió a la Comisión Lava Jato reportes financieros sobre depósitos de Odebrecht a Latin America Enterprise.

Dijo que fueron, más bien, los congresistas [de la ex Comisión Lava Jato quienes elaboraron una lista de 70 personas, entre los que se incluyó a Pedro Pablo Kuczynski. El objetivo de la relación era que se buscara si estaban involucrados en operaciones sospechosas.

En abril de este año, con mayores elementos de juicio, Ampuero pidió mediante un oficio que se abra una investigación fiscal en contra del Presidente de la República debido a sus supuestos vínculos con la constructora Odebrecht.

El oficio de la exprocuradora fue remitido luego que el fiscal especializado en lavado de activos, Carlos Puma, desestimara días antes su pedido para que se revise la información remitida por una entidad financiera del país a la comisión Lava Jato que presidió Juan Pari en el Congreso anterior, la misma que contenía presuntas operaciones financieras sospechosas vinculadas a PPK.

De acuerdo con Ampuero, el documento contenía información relevante vinculada a la supuesta transferencia de dinero (cerca de 250,000 dólares) que TRG Allocational Offshore Ltd., ubicada en islas Gran Caimán, habría efectuado a las cuentas personales de PPK el 23 de diciembre del año 2015.

En su oficio, la ex abogada del Estado refiere que el fiscal no tomó en cuenta, tampoco, las transferencias de dinero que realizó Odebrecht a Latin America Enterprise y a otra empresa denominada First Capital por cerca de 100,000 dólares cuando PPK era miembro del directorio de ambas firmas.

First Capital fue fundada por Gerardo Sepúlveda, socio chileno del jefe de Estado, con el que realizó negocios en Estados Unidos. Se ha denunciado que dicho empresario tendría nexos con Odebrecht.

A principios de año el empresario Johan Otoya –quien reside en Estados Unidos– informó a la Corte de Brooklyn y al Federal Bureau of Investigation (FBI) sobre la existencia del informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú que incluía al presidente Pedro Pablo Kuczynski en una lista de peruanos vinculados a operaciones sospechosas.

En dicho informe se hace alusión también a los supuestos vínculos de PPK con la empresa Ternium, de la que habría recibido varios depósitos de dinero desde el 2007. Lo que llama la atención es que dicha firma es una de las proveedoras de tubos de acero para el Consorcio Camisea.

Zavala lo apoya


“La información que el Presidente presentó es transparente y coherente y la presentó en su declaración jurada de intereses y adicionalmente informó y entregó la información a la comisión Pari”, manifestó en febrero de este año el premier Fernando Zavala en conferencia de prensa.

 

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