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Las Bambas: gobierno al lado de la empresa y comuneros en pie de lucha

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PACO MORENO | diario perfil

ABRIL2019

 

El diario La República trajo el domingo los resultados de la última encuesta nacional urbano rural del Instituto de Estudios Peruanos que confirma la caída en 12 puntos de la aprobación del presidente Martín Vizcarra. En febrero tenía 56% de aprobación y en marzo llegó apenas a 44%. Su desaprobación trepó de 32% a 43% en el lapso referido.

La medición de la opinión pública se realizó entre el 23 y 27 de marzo cuando el conflicto Las Bambas sacudía las redacciones y generaba reacciones de todo calibre. En el sondeo, Vizcarra queda mal parado en cuanto a buscar soluciones al conflicto en Las Bambas que cohesiona a los comuneros y desnuda la alianza del gobierno con la empresa que pisotea derechos. Apenas el 4% dice que está haciendo bien su trabajo en ese punto, el 44% dice que lo está haciendo regular y el 44%, mal o muy mal.

Curiosamente, la tarde del día de la publicación de la encuesta se abrió un proceso de diálogo con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar; el liberado presidente de la comunidad apurimeña de Fuerabamba, Gregorio Rojas; y el anfitrión monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

El acuerdo concreto de la reunión dominical es que el 6 de abril volverán a reunirse en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana en el distrito limeño de Jesús María y, antes de esta fecha, Gregorio Rojas deberá consultar a los comuneros, en una asamblea popular en Apurímac, si están de acuerdo en levantar la medida de fuerza del bloqueo de la carretera de la discordia con la condición de que el gobierno cese con la militarización de la zona mediante un estado de emergencia.

En la conversación, Gregorio Rojas insistió, según él para que haya un proceso de diálogo que llegue a soluciones concretas, en exigir la liberación de sus asesores legales, Jorge y Frank Chávez Sotelo, quienes están detenidos de manera preventiva acusados de presuntamente cometer el delito de extorsión. Monseñor Cabrejos y Salvador del Solar coincidieron en señalar que no tienen la prerrogativa de liberar a los abogados, pero sí hicieron un pedido público a la Fiscalía y al Poder Judicial para que resuelvan el caso de los hermanos respetando el debido proceso.

Monseñor Cabrejos informó que la empresa minera estatal china MMG, la que construyó la carretera de la discordia en Yavi Yavi, envió una carta a la Conferencia Episcopal informando que está dispuesta a participar en el diálogo. No está confirmada aún su participación en la reunión del 6 de abril.

La carretera y los responsables


El conflicto social generado por Las Bambas tiene muchas aristas, y los especialistas señalan que el Estado, representando por el gobierno del presidente Vizcarra, es uno de los responsables principales de que este caso no se resuelva todavía.

En mayo del 2018, el gobierno de Vizcarra sin consultar a los comuneros dueños del fundo cusqueño Yavi Yavi y sin seguir al pie de la letra los trámites establecidos, legitimó la carretera de la discordia construida por la minera china, convirtiéndola en nacional, a fin de sacar en camiones, por una propiedad privada, los minerales desde Apurímac hasta el puerto arequipeño Matarani.

Esta carretera no está asfaltada y produce un polvo descomunal por el paso de los camiones de ida y de vuelta. MMG decidió que el mineral debe ser llevado por la carretera hasta Matarani cuando el plan inicial de Xstrata era trasladar el cobre mediante un mineroducto.
 


Conflicto no es de ahora


Las Bambas es la segunda mina de cobre más importante de Sudamérica. Hacia 2011, el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto la hizo la empresa suiza Xstrata, que era dueña del proyecto desde el 2004.

Este estudio establecía la construcción de un mineroducto desde Las Bambas hasta Matarani, a fin de que el cobre se exporte sin causar daños ambientales. Todo debajo de la tierra.

También en el 2011, Xstrata compró los terrenos de los comuneros de Fuerabamba debajo de los cuales estaban los yacimientos de cobres y los trasladó a Nueva Fuerabamba, un lugar con todas las comodidades.

En 2014, Glencore de Suiza compra Xstrata y luego MMG compra a Glencore el proyecto Las Bambas por 5 mil millones de dólares y se compromete a invertir 10 millones de dólares. Entonces MMG desecha el Estudio de Impacto Ambiental original y cambia las reglas de juego con una curiosa autorización del Ministerio de Energía y Minas y con una casi nula consulta de los más de 38 comunidades de la zona de impacto minero.

Hubo muertes


MMG le dijo chau al mineroducto y decidió hacer uso de manera inconsulta el fundo Yavi Yavi, de propiedad de los comuneros, para trasladar por carretera el cobre atravesando los más de 400 kilómetros hasta el mar de Arequipa.

Los comuneros luchan contra la minera por la carretera hace años. Fuerabamba viene protestando desde agosto del 2018. En el 2017, hubo problemas con cinco comunidades del distrito de Mara. El 2016 hubo enfrentamientos con 4 comunidades; murió un comunero. El 2015, hubo tres muertos. Todos estos conflictos están asociados a la carretera de la discordia.

Grave impacto


Unos 310 camiones diarios en total usan la carretera causando polvo infernales y vibraciones que cambian la vida de los comuneros y el entorno de estos. Son 42 comunidades afectadas. Casi toda la provincia apurimeña de Cotabambas es afectada por la minera MMG, es decir, es un conflicto va más allá. No se queda en Fuerabamba. Hay un plan de desarrollo de Cotabambas que Vizcarra conoce. Esta sería una gran alternativa si el gobierno quisiera resolver realmente los problemas.

La ausencia de Estado, un gobierno a la medida de la empresa, favorecieron la actuación de los hermanos Chávez Sotelo, quienes trataron de sacar provecho de la situación y ahora están al otro lado de la reja.

Vizcarra y sus ministros actuaron como si fueran operadores de la empresa china y usan a los efectivos de la Policía Nacional como si fueran guachimanes a sueldo de la minera en contra de los comuneros que exigen sus derechos. El gobierno de Vizcarra se ha comprometido en pagar a los comuneros por el uso de sus tierras y prácticamente hará el gasto para que solo la empresa china se beneficie de la carretera de la discordia. El diálogo en una mesa redonda con la participación de todos los involucrados, sin cartas sucias bajo la manga, es la única forma posible para resolver el grave problema social. Nadie se opone al desarrollo minero, sino a la viveza criolla de ciertos personajes que se aprovechan de la situación alarmante.

 

 

 

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