La pensión es un derecho social

 

 

El mensaje presidencial en la apertura de la sesión legislativa de 2018 escenifica la visión de este gobierno en lo que se refiere a la reforma de las pensiones. El texto se divide en 5 ejes temáticos: económico; infraestructura; social y ciudadanía; Brasil y el mundo; y gestión pública.

Por Jandira Feghali*

Nada más esclarecedor que verificar en cuál de esos ejes está colocada la Seguridad Social. Para este gobierno las pensiones no están insertas en el eje social, sino en el económico, tratada como un problema económico. No es por otro motivo que la reforma del gobierno aniquila la pensión como derecho social, para recortar derechos de los trabajadores y para privilegiar al mercado. Esta es la verdad que está estampada en el mensaje presidencial para quien quiera ver. Son tasas al afirmar que “la Reforma de las pensiones es más un componente esencial en el conjunto de reformas para la recuperación del equilibrio de las cuentas públicas”.

Intentan vender la propuesta al afirmar que “el actual sistema es socialmente injusto y financieramente insostenible. Es socialmente injusto porque transfiere recursos de quien menos tiene para quien menos lo necesita “. Van más lejos diciendo que “la reforma combate desigualdades, protege a los más pobres”.

Nada más inverosímil. Ninguna de las políticas contenidas en el famoso “Puente para el Futuro” se destina a combatir la desigualdad o ampliar o incluso garantizar una renta digna a los trabajadores. No ve el poder de los beneficios previsionales como instrumento de fomento a la economía de los municipios, ni como el mayor programa de distribución de renta del país. Colocan la previsión en el eje económico porque no logran superar la visión mercantilista sobre una política social pública, que se tornará casi inalcanzable si se aprueba la reforma.

Vamos a los hechos. En 2017, el 67,7% de los beneficios pagados por el INSS poseía el valor de hasta un salario mínimo. Esto representa un total de 23,4 millones de personas. El gobierno dice que ese contingente no será afectado. Mentira. Primero porque hoy todos los asegurados pueden dejar pensión en el valor de la jubilación y la reforma termina con la pensión integral, además de prohibir la acumulación de los beneficios de pensión y jubilación.

Eso sin mencionar el 29% de los asegurados que no son ricos, como dice el líder del gobierno. Son personas que tienen beneficios entre 1 y 4 salarios mínimos. Estos, serán doblemente penalizados. Por la edad y por el cálculo del beneficio. El cambio del cálculo hará que los trabajadores tengan que contribuir mucho más tiempo para alcanzar el beneficio integral.

Después de la reforma, todas las jubilaciones serán inferiores, las nuevas reglas pasarán a exigir 40 años de contribución para ser integrales. Es decir, se reducirán al piso del salario mínimo. Y, las pensiones serán aún menores. Todas corresponderán a poco más de la mitad del valor de las respectivas jubilaciones.

Al contrario de lo que dice el gobierno, todos perderán. Excepto los bancos, que ya son los grandes privilegiados y que serán los grandes beneficiarios de la reforma, pues tendrán un enorme contingente de servidores a engrosar los planes de previsión privada. Este es el pago por el apoyo al golpe de 2016. Una reforma que pretende privatizar la pensión pública.

La reforma del gobierno no combate privilegios. Lo que está en juego es la posibilidad o no de un trabajador de jubilarse. Esas personas, que el gobierno y el relator dicen que no serán afectadas por la reforma, se enfrentan a la rotación del mercado de trabajo que se suma a una nueva legislación laboral más precaria y perjudicial. Con la legalización del trabajo intermitente, muchas trabajadoras y trabajadores perderán la condición de asegurados de la seguridad social. Mientras tanto, el gobierno perdona a los deudores, evasivos y deja de cobrar tributos multimillonarios a grandes multinacionales.

El anuncio de la enmienda aglutinativa esta semana profundiza esas mentiras en otro intento de engañar al pueblo y dar un falso consuelo a los diputados, que se resisten a votar esta reforma. Los trabajadores rurales no fueron protegidos. Están dentro y muy perjudicados con previsión de gran exclusión por no alcanzar las exigencias de contribución. Es mucha la perversidad de este gobierno y del mercado que lo manipula.

La verdad es que la deseada “sostenibilidad financiera” pretende ser alcanzada a las costas de los más pobres, y de la exclusión de éstos de la protección del Estado, particularmente las mujeres, siempre más precarizadas. Esta es la marca de un gobierno que llegó al poder no por el voto, sino por el golpe.

La seguridad social debe mantener su carácter público y solidario. Y, para ello, debemos derrotar esta propuesta. ¡Si se vota, no vuelve!

 
 

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