Yamila Osorio y Víctor Cadenas implicados en caso puente Chilina

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Zenaida Condori / LA REPÚBLICA

 

Según informe del congreso. En megaobra Comisión de Fiscalización determina una presunta malversación de fondos y otros delitos, cuya responsabilidad recae en Guillén y funcionarios. En el preinforme se sostiene que Osorio, como consejera, debió fiscalizar

 

 

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de La República, en un preinforme de cien páginas, no solo confirmó las irregularidades que se habrían cometido en la ejecución del puente Chilina. Además de hallar culpabilidad en el expresidente regional Juan Manuel Guillén y su séquito de funcionarios, se identifica a otros responsables. Entre ellos figuran la actual gobernadora regional Yamila Osorio y su vicegobernador Víctor Cadenas. En el periodo 2011-2014, Osorio era consejera  regional. Al igual que sus otros colegas, Osorio habría incurrido en el delito de complicidad, dice el preinforme. No denunciaron los malos manejos. En tanto, Cadenas fue jefe de Asesoría Legal en la gestión de Guillén. Para el Congreso, debió denunciar las irregularidades y no lo hizo. 


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Este documento, elaborado en 120 días, determinó que el expresidente regional Juan Manuel Guillén y sus funcionarios habrían malversado fondos. Sindican al exalcalde de la Municipalidad de Arequipa, Simón Balbuena, por el delito de omisión de denuncia.


El puente Chilina es un viaducto de 562 metros de longitud que cruza el río Chili y une los distritos de Cayma y Alto Selva Alegre. La obra está cuestionada desde su concepción. La competencia original para hacerla dependía de la  Municipalidad de Arequipa (MPA) pero la hizo el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), mediante un convenio. Según la comisión congresal, inicialmente este proyecto se valorizó en S/ 67 millones y debió ejecutarse  por administración directa; pero terminó costando S/ 260 millones y se hizo bajo la modalidad de Obras por Impuestos.


Hallazgos


La Comisión encontró que antes de la suscripción del convenio entre MPA y GRA(agosto del 2008) se realizó una contratación por S/ 140 mil para la realización de los estudios de factibilidad. Además se hizo contrataciones por S/ 9 millones 882 mil 500, por lo que se podría haber incurrido en una presunta malversación de fondos.


La Comisión cuestiona a Guillén por la creación  del Área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales, dependiente de presidencia, pasando por encima a la Gerencia de Infraestructura. Hubo hasta cuatro expedientes técnicos con diferentes presupuestos, empezando con S/ 67 millones hasta llegar a S/ 345 millones. Para el puente se hicieron dos estudios de impacto ambiental por tres ingenieros que no eran de la especialidad: un mecánico, un electricista y un sociólogo. 
Entre los años 2009 y 2011, el GRA gastó en planillas más de S/ 3 millones por contratación de personal cuando no existía ningún avance físico de la obra. Su construcción se inició en enero del 2013. También encontraron que durante 2009 y 2010 el GRA adquirió material por S/ 25 millones cuando aún no existía la obra.


En la construcción del viaducto, el exgerente general del GRA, Jorge Luis Aguilar, suscribió contrataciones al margen de la ley, acto encubierto por el expresidente regional y el jefe de asesoría legal Víctor Raúl Cadenas.


RESPONSABILIDADES


La comisión de trabajo del Congreso encontró 12 irregularidades en la construcción del viaducto. Por estas anomalías  determinaron que el expresidente regional Juan Manuel Guillén y sus funcionarios de confianza Juan Manuel Carpio, Miguel Ángel Ocharán, Sarah Peña, Jorge Luis Aguilar, Delfor Sarmiento y Berly Gonzáles habrían cometido malversación de fondos.


 El presidente de la comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, señaló que este informe será sustentado la primera semana de mayo. Luego se emitirá un dictamen, cuyas recomendaciones se remitirán al Ministerio Público, que también investiga el caso. 


Pagos altos por expropiaciones


Los congresistas que investigaron el caso sostienen que las expropiaciones de terrenos no se hicieron de acuerdo a la legalidad, sino vía trato directo o por arbitrajes. En estas supuestas expropiaciones se pagó un valor mucho más alto que el dispuesto por la Dirección Nacional de la Construcción. Se expropiaron 67 predios por S/ 72 millones.


El predio N°30, según la tasación, debía costar S/445 mil 363, pero el GRA pagó más de un millón de soles. El predio N° 1-A se valorizó en S/115 mil 340, pero el GRA pagó S/598 mil 056.
En el caso del  predio N°1-B, su precio real era de S/109 mil 794, pero el GRA pagó S/599 mil 245.
El predio N°3-B valía S/110 mil 802, pero la Región les canceló S/264 mil 595.
El valor del predio N°40 fue tasado en S/1'802,672, pero el GRA por trato directo le pagó S/2'268,578.
En tanto, el predio N°2  fue valorizado en S/305 mil 424, pero el GRA pagó más de dos millones. 
 

 

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