AG y el capitán Carlos

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Nelson Manrique

 

 

 

 

 

La agenda nacional iba por cauces, sino apacibles, al menos previsibles, hasta que apareció en la agenda de Marcelo Odebrecht (¡malditas agendas!) la ahora célebre inscripción “AG”, acompañada por la tenebrosa “IGB”, que la policía brasileña ha determinado se usa cuando hay sobornos de por medio.

Inmediatamente las miradas se dirigieron hacia Alan García, quien se apresuró a rechazar cualquier relación con la anotación comprometedora. García afirmó que el proyecto Olmos fue diseñado y firmado durante otro gobierno diferente al suyo.

Pasaron apenas unos minutos y Claudia Cisneros hizo público el tuit en que García festejaba el segundo aniversario de su firma del proyecto, al que presentó como uno de los grandes logros de su segundo gobierno. Poco tiempo después le sacaron el video que lo inmortalizaba firmando el contrato Olmos, calificado en su épico discurso por la ocasión como “una obra colosal” y “la más grande obra de irrigación que podía hacerse en el Perú” (https://www.youtube.com/watch?v=JlGioI7MHfc).

No es la primera vez que Alan García miente cuando es sorprendido en circunstancias comprometedoras. Cuando estalló el escándalo de los narcoindultos salió inmediatamente a denunciar una campaña en su contra y sostuvo frente a las cámaras de televisión que él no había indultado a ni un solo narcotraficante, reduciendo su participación a algo así como haber liberado a un par de pobres viejitos que llevaban droga para su consumo; un mal paso cuyas consecuencias su magnanimidad no podía soportar.

Durante los días siguientes se supo que había más de 3200 narcotraficantes liberados, 400 de ellos condenados por narcotráfico agravado, incluyendo bandas completas y líderes de carteles nacionales e internacionales, y 1600 delincuentes de alta peligrosidad, todos devueltos a las calles con la firma de Alan García en su expediente, que él además afirmó haber leído uno por uno, quitándole horas al sueño para cumplir con su ejemplar labor.

La investigación demostró además que García había reducido la carcelería de algunos delincuentes aun por debajo del plazo recomendado por la Comisión de Indultos Presidenciales, todo refrendado con sus anotaciones de puño y letra al margen del expediente respectivo. Puesto en evidencia, optó por el camino de la soberbia: “Yo no me amparo ni en recurso de amparo, ni llantos”. Por supuesto, poco después presentó el correspondiente recurso de amparo.

Entonces vino la segunda maniobra. Un psicosocial de una magnitud suficiente como para que los reflectores se enfocaran en otra dirección. Repentinamente fueron filtradas a la prensa las transcripciones de audios que echarían luz sobre el manejo económico del Partido Nacionalista y presuntas irregularidades en su financiamiento.

Pero no es eso lo que más ha llamado la atención, sino conversaciones de gente del entorno de Ollanta Humala que podrían probar la comisión de delitos de lesa humanidad por el capitán Carlos, seudónimo que en una oportunidad anterior Ollanta Humala reconoció como su nombre de combate en la base contrasubversiva de Madre Mía.

Naturalmente, la existencia de nuevas pruebas debiera permitir reabrir el caso y condenar a Humala, si se prueba que es culpable. Lo mismo debería suceder con el contraalmirante Giampietri ahora que se ha reabierto el caso de El Frontón. Es de recordar que él señaló a García como el responsable de la orden que terminó en la masacre, pocos años después de los hechos.

Quedan muchas interrogantes que responder. ¿Por qué estos audios estuvieron guardados durante años y son lanzados a la circulación precisamente en este momento? Hasta aquí, es evidente que se ha cometido una grave irregularidad al no entregar estas evidencias a la justicia años atrás, cuando se juzgaba la actuación del capitán Carlos durante la lucha contrasubversiva. Ahora estamos en la hora del clásico peloteo, para eludir responsabilidades.

Humala ha acusado a Alan García de montar un chuponeo en su contra utilizando el poder que tenía por ser presidente de la República. Aunque existe una autorización judicial, las intercepciones telefónicas, que debían probar las relaciones entre la congresista Nancy Palomino y el camarada Artemio, el jefe de Sendero Luminoso en el Huallaga, se han extendido largamente involucrando a Humala y su entorno. Obviamente se trata de una mañosería que posiblemente haya sido utilizada para chuponear a más de un opositor del gobierno aprista.

Como psicosocial, este operativo ha sido un fracaso absoluto. Ha agravado por cierto la situación de Ollanta Humala, pero, lejos de distraer, ha convocado una mayor atención sobre las iniciales AG. El evidente nerviosismo de García y las maniobras a las que está recurriendo permiten albergar la esperanza de que finalmente lo alcance la justicia. Y mientras dure el suspenso, traduciremos AG por “Alto y Gordo”.                                                                                        .

 
 

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