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La ley y la justicia

       

AGOSTO2018

 
 

"Para construir un Poder Judicial justo, honesto y efectivo no basta con hacer ajustes en la estructura funcional del Estado: eliminar ciertos organismos y crear otros".

La serie de audios grabados por el grupo Constelación, que testimonia hasta la náusea la corrupción imperante en el sistema de justicia, prueba la extensión del cáncer por todo el cuerpo social de la nación y la magnitud de los obstáculos que habrá que enfrentar si se pretende cambiar este estado de cosas.

Para construir un Poder Judicial justo, honesto y efectivo no basta con hacer ajustes en la estructura funcional del Estado: eliminar ciertos organismos y crear otros. Aquí no estamos simplemente ante malas estructuras institucionales sino frente a la existencia de una cultura de la corrupción, que esterilizará cualquier intento de mejora si no se cambia la cabeza de los encargados de administrar justicia.

Un rasgo fundamental de la cultura de la corrupción es una visión que separa radicalmente la ley de la justicia. Los magistrados entienden que están para aplicar la ley y que la justicia no es su problema. El juez César Hinostroza es un maestro en el manejo de la ley para burlar la justicia y por eso puede declararse inocente, a pesar de la cantidad de evidencias que se acumulan en su contra. Con sus acciones Hinostroza atropella permanentemente la justicia. Lo hace cuando trafica influencias, tanto dentro del poder judicial como en otras instancias del Estado, o con la prensa, los empresarios, etc., no solo para grandes asuntos sino para conseguir ventajas rupestres, como obtener pasajes para ver el Mundial en Rusia, o para que le entreguen a su hijita un smartphone de última generación, porque el suyo se ha malogrado.

Lo hace igualmente cuando declara inocente a una traficante de personas que obligó a una niña de 14 años a prostituirse en los campamentos mineros sin ley de Madre de Dios, bebiendo alcohol con parroquianos durante 13 horas al día, y llega a la abyección cuando en su sentencia declara que, en tanto considera que este trabajo no agota las energías de la víctima, no procede condenar a la acusada ni siquiera por explotación laboral.

Atropella igualmente la justicia cuando libera al violador de una niña de 13 años con un razonamiento jurídico que colisiona brutalmente con la ética: que en tanto la niña aparentaba tener más edad (afirmación que contradice el informe médico forense) podía presumirse que hubo consentimiento en la relación sexual. La justicia no importa nada; de lo que se trata es de poder construir un razonamiento jurídico, aunque sea dudosamente aceptable dentro de los límites de la ley, que permita declarar inocentes a delincuentes capaces de comprar una sentencia absolutoria.

El caso del fiscal Pedro Gonzalo Chávarry sigue el mismo patrón. Chávarry mintió reiteradamente al país, negando tener relaciones de amistad con César Hinostroza -lo negó categóricamente, diciendo que ni siquiera lo conocía-, así como negó su participación en la organización de una reunión con periodistas para conseguir que apoyaran sus pretensiones de ser elegido fiscal de la Nación. Cuando nuevas grabaciones probaron que mintió dijo que lo hizo para mantener el ministerio público “limpio y transparente” (sic), y que tal reunión no tuvo nada de malo, aunque se negó a dar los nombres de los 25 periodistas que afirma asistieron al ágape.

Chávarry e Hinostroza reconocen haber faltado a la ética pero niegan haber cometido delito alguno. En tanto puedan jugar dentro de los márgenes que les brinda la ley no interesa que no tengan una pizca ética y lo proclaman abiertamente: su función como ellos la entienden es jugar con la ley -lo que por supuesto lleva a aprovecharse de ella-. Por eso Chávarry puede aferrarse al cargo de fiscal de la Nación con uñas y dientes, y votar por sí mismo para, junto con los votos de dos fiscales que tienen sus propios audios, hacer la mayoría para mantenerse en el cargo, brindando la grotesca imagen de un mentiroso, puesto públicamente en evidencia, encarnando la justicia en el Perú.

Es posible que sin saberlo Pedro Gonzalo Chávarry nos esté haciendo un gran servicio al país. Todos los grandes escándalos de corrupción han sido destapados por la prensa y no por los órganos de control del sistema de justicia, que invariablemente aparecen pintados en la pared. Pero cada vez que un nuevo escándalo lleva a exigir cambios radicales los magistrados gritan por sus fueros y sostienen que el poder judicial debe autorreformarse. Chávarry e Hinostroza son la prueba viviente de que esto es imposible.

En fin, que la justicia es demasiado importante para dejársela a los abogados.

 

 

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