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Confiar o no confiar, he ahí el dilema

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NELSON MANRIQUE

MAyo2019

 

“Para los aprofujimoristas la democracia es el derecho del pueblo de votar cada cinco años, para luego permanecer de espectador pasivo”

La corrupción es el hilo de Ariadna para orientarse en el laberinto de la actual política peruana. La lucha por las reformas políticas y jurídicas, que hoy ocupa el centro del escenario, es consecuencia de la descomposición del sistema de representación, destruido por la acción disgregadora de la corrupción, que ha penetrado todos los poros del sistema de administración del poder.

Limitarse a la cuestión de si serán aprobadas o no las propuestas de reforma política presentadas por el poder ejecutivo al parlamento es quedarse en la superficie de lo que está en juego. En un inolvidable post de La Mototaxi, Rosa Bartra, casualmente la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, recordó que el blindaje de Chávarry, finalmente perpetrado por los parlamentarios aprofujimoristas y que ha detonado la actual crisis, era para ellos “un asunto de supervivencia”, a lo que Héctor Becerril añadió un oportunísimo timbre de urgencia, que ayuda a situar la importancia de mantener a Chávarry como fiscal a cualquier precio: “ya falta poco para que venga la información de ODB (Odebrecht)”.

Francisco Durand, nuestro más importante estudioso de la cuestión, nos recuerda que no se trata de dos mafias, la judicial y la congresal, “sino de una sola mafia judicial-política que opera como una serpiente de varias cabezas”. La publicación de un nuevo conjunto de audios documenta las fluidas relaciones entre los parlamentarios fujimoristas con la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”. Según la fiscal Sandra Castro, la encargada de esta investigación, la motivación de los fujimoristas al establecer estas relaciones equívocas era “llegar a solucionar sus temas ilícitos y obtener beneficios”. Sabemos además que muchos políticos reciben dinero de los empresarios para sus campañas, y de esta manera estos se aseguran el control del poder político.

Hay pues mafias corruptas enquistadas en las corporaciones empresariales, los ministerios, los gobiernos regionales y locales, entre los abogados y los estudios de abogados, etc. Enfrentar semejante poder concentrado es imposible si la concreción de las reformas depende de un aparato de poder tan corrompido y desprestigiado como el actual parlamento. Es de preguntarse si alguien cree que este cambiará su naturaleza en los dos años siguientes.

La congresista Marisa Glave ha planteado la cuestión en sus términos correctos: el Congreso puede otorgar o negar el voto de confianza al ejecutivo, pero el que verdaderamente necesita un voto de confianza popular es el parlamento, y este ha quedado descalificado hace mucho tiempo.

Para los aprofujimoristas la democracia es el derecho del pueblo de votar cada cinco años, para luego permanecer de espectador pasivo durante los cinco años siguientes, aguantando el ejercicio arbitrario del poder por los representantes electos. En realidad, uno de los pilares fundamentales de la democracia es la vigilancia permanente sobre aquellos a quienes el pueblo les ha delegado el poder. Irónicamente la constitución de 1993, la vigente, que fue elaborada por Alberto Fujimori, consagró la facultad del Presidente de disolver constitucionalmente el Congreso si éste tenía una actitud obstruccionista y provocaba dos crisis totales de gabinete. Aún más, fue Fujimori quien redujo las tres censuras, establecidas originalmente en la Constitución de 1979, a dos, para facilitar al presidente la disolución del parlamento. Los fujimoristas despotrican ahora contra el orden legal que ellos mismos construyeron.

 

 

 

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