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Ciudadanos por encima de toda sospecha

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Nelson Manrique

 

 

 

 

 

Una de las películas que mejor abordan la relación entre el poder, su abuso y la impunidad es Investigación de un ciudadano por encima de toda sospecha (Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, 1970) del italiano Elio Petri. El jefe de la sección criminalística de la policía (Gian Maria Volonté), fuertemente anticomunista y profundamente compenetrado con su rol de garante del orden social, entabla una apasionada relación con una misteriosa mujer (Florinda Bolkan) que le va incitando a transgredir la ley una y otra vez, para poner a prueba si existen límites a la impunidad que le otorga su cargo. La relación evoluciona a través de transgresiones que articulan sexo y poder con desafíos cada vez más graves a la ley.

En el límite de este juego perverso, la pareja juega con la fantasía de que él cometa un homicidio, como la prueba máxima de que su poder lo pone por encima de toda sospecha. En uno de sus encuentros eróticos el policía asesina a sangre fría a su amante y, utilizando su amplia experiencia en la investigación criminal, deja regadas voluntariamente pruebas y evidencias que debieran permitir identificarlo fácilmente. Los policías que investigan el caso chocan con que todas las evidencias señalan al jefe de policía como el homicida, pero este es un resultado que no pueden aceptar y, sumidos en la perplejidad, siguen investigando. El resultado final es la impunidad. El jefe de policía por definición está por encima de toda sospecha.

Algo similar sucede con los empresarios peruanos comprometidos en el escándalo Lava Jato. Ya está ampliamente comprobado que la modalidad delictiva de Odebrecht y las otras empresas brasileñas comprometidas en la comisión de delitos que han llevado a la cárcel a decenas de empresarios y ejecutivos brasileños combinaba tres protagonistas fundamentales: el Estado peruano, las empresas brasileñas y las empresas peruanas que actuaban como sus socias, a través del mecanismo de las Asociaciones Público Privadas, APP. Mientras en el Brasil las investigaciones han puesto en primer lugar el papel de las empresas corruptoras y han enviado a prisión a decenas de ejecutivos y empresarios (por eso se han allanado a las delaciones premiadas), en el Perú las investigaciones se están limitando a los políticos, comprometiendo hasta a tres ex presidentes de la República. Pero los empresarios peruanos comprometidos en la estafa contra el Estado y el pueblo peruano no están sometidos a investigación y pueden alardear de ser ciudadanos por encima de toda sospecha.

Las APP sangraron millones de dólares al Estado básicamente a través de dos mecanismos: el pago de coimas, para asegurarse los contratos y renegociar sus términos, y la multiplicación del costo de los proyectos a través de incorporar numerosas adendas al convenio original. Cuanto más costosos fueran los proyectos tanto más grandes serían las utilidades que podrían repartirse las empresas, tanto las nacionales cuanto las extranjeras. Así, los empresarios peruanos comprometidos en estos negociados hicieron utilidades multimillonarias, aparentemente sin preocuparse por preguntar cómo llovía tan grato dinero del cielo, si vamos a creer la explicación que ofrecen, de que ellos no estaban enterados de las estafas montadas por sus socios brasileños y que fueron engañados, los pobres.

La impunidad es apuntalada por comentaristas que, en lugar de exigir que se investigue el papel que los empresarios han jugado, advierten que las “perturbaciones” que provoca Lava Jato podrían incomodarlos y desalentarlos a invertir. La impunidad sería el precio qe debiéramos pagar para mantener en funcionamiento el modelo de desarrollo que ha provocado este cataclismo ético.

Todo el sistema está organizado en función de los intereses de los empresarios, a costa de los intereses nacionales y no se ve la intención en este gobierno de cambiar este estado de cosas, según lo muestra Humberto Campodónico. La Cuarta Modificación del DL 1252 dispone que “la implementación de adendas durante la ejecución se encuentra en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos”; lo que es una invitación a la coima. El Art. 22.3 del DL 1224 declara no vinculantes las opiniones de los organismos reguladores sobre las adendas. El Consejo Directivo de Proinversión, que inicialmente estaba integrado por 5 ministros de Estado, desde diciembre pasa a tener seis: 3 ministros y 3 representantes del sector privado (H. Campodónico: “Las APP se merecen una moratoria” http://bit.ly/2l0u51F). Así, quienes debieran estar bajo investigación pueden ahora decidir sobre el uso de los recursos públicos.

Hay mucho más. Es imprescindible un debate público para encarar la corrupción que desmoraliza a la sociedad peruana.

 
 

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