El Informe Cárdenas

La tremenda FISCALEXXX

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 FRANCISCO DEL CARPIO

 

 

 

La fiscal María Alejandra Cárdenas Ávila, a cargo de una de las dos fiscalías especializadas, empezó la faena sosteniendo que el trabajo desplegado contra los dirigentes campesinos del valle -que defienden su tierra en Tambo frente a la prepotencia y el caudal financiero de la Southern- le trajo "más de una amenaza a su integridad por parte de los procesados por delitos de extorsión". Lo dijo claramente y sin tapujos como para que una corresponsal tan democrática como Flor Muñoz web@grupoepensa.pe lo escribiera textualmente en Correo. 

 

No titubeó en señalar que los dirigentes tambeños investigados son personas de alta peligrosidad, tanto que ha sido amenazada por los familiares de ellos, intimidada con marchas y amedrentada desde las emisoras por parte de los implicados. Ni La Chilindrina. Casi comparó el poder de los investigados con el de la Southern. Y sin una sola prueba.

 

La inefable fiscal particularizó que el único caso de tortura que existe en Arequipa es sin duda (ojo: sin duda) el de la pro minera Yovana Juana Mendoza Serrano -una desconocida residente arequipeña con asiento y negocios aquí- quien aseguró que sujetos desconocidos enviados por Jesús Cornejo la agredieron durante las protestas contra el proyecto minero.

 

La fiscal amenazó con convencer en las audiencias que los delitos denunciados por Southern fueron cometidos, pasando por alto los videos donde la policía tortura a los manifestantes que participaban en esas protestas.

 

Así, pronto, de seguro, la querella será ganada por la minera, cuando la chequera de Gonzáles Rocha cumpla el rol que siempre cumple.

 

Por lo pronto, de acuerdo con el nuevo criterio de que ahora se puede condenar a un extorsionador con la sola declaración de un testigo, que puede ser la misma víctima, la fiscal ha "demostrado" que los huaraqueros conocidos como “espartambos”, cobraban 30 nuevos soles al día por participar en esas manifestaciones, con el resultado conocido.

 

Según el sesudo informe, Cárdenas concluyó que el dinero era obtenido de la recaudación que realizaban los agricultores, molineros, ONGs y del patrimonio de Pepe Julio Gutiérrez y que los dirigentes del Frente habrían recibido apoyo económico de la ONG Red Muqui.

 

La fiscal dice que aun investiga si los empresarios molineros Carlos Raúl Zevallos, Juan Colquehuanca, Persi Paco y Helbert Salmavides entregaron aportes voluntarios a los manifestantes o si estos fueron extorsionados para apoyar el sostenimiento solidario de los “espartambos”.

 

Para la ¿bien? informada fiscal las organizaciones populares no tienen derecho a autofinanciarse, como si: Soros a Toledo o Apenkai a los Fujimori, por ejemplo.
 

Cárdenas, finalmente llega a la conclusión de que el Frente de Defensa del Valle de Tambo es una red criminal que habría servido de fachada para formar una organización delincuencial, estando sus dirigentes acusados de los delitos de asociación ilícita para delinquir, extorsión en agravio del Estado y (ojo) de la empresa Southern Corporation.

 

Los del Frente -para Cárdenas- "habrían planeado desde un principio iniciar las movilizaciones y actos de violencia para conseguir un beneficio económico de la empresa minera"  dice que esto se concluye de la transacción bancaria que realizó el ¿ex? asesor de la Southern, Jesús Gómez Urquizo a favor de Pepe Julio Gutiérrez y a la esposa de Jesús Cornejo.

La fiscal considera delito de extorsión el hecho que Gutierrez habría solicitado a la minera Southern el pago de 1 millón 500 mil dólares para paralizar las protestas contra el proyecto cuprífero Tía María, cuando fue el funcionario de Southern Gómez Urquizo quien ofreció el soborno.

 

Sin embargo, la magistrada "revela" que la intención principal de los dirigentes tambeños desde (ojo) 2008, fue promover manifestaciones violentas a cambio de dinero para sus bolsillos y no para proteger el medio ambiente o la agricultura.
 

El resto es lógica especulativa: "durante las protestas, los implicados además extorsionaron a ciudadanos del distrito de Cocachacra, cobrando 20 soles a quien intentaba ingresar o salir del valle de Tambo" con denuncias de pobladores comprados al contado por la minera para que digan "que fueron perjudicados con los actos vandálicos protagonizados por los manifestantes, que eran azuzados por los dirigentes del Frente de Defensa" como lo hizo Yovana Juana Mendoza Serrano

El informe achaca, inclusive, a los manifestantes, atentados cometidos por la policía.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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