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La justicia y Las Bambas

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Nicolás Lúcar

ABRIL2019

 

De ninguna manera es aceptable que ya no solo pretendamos criminalizar la protesta social, sino criminalizar como extorsionadores a los abogados de unos comuneros. El comportamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público con respecto al caso Las Bambas es simplemente vergonzoso.

Cuando, por presión de la minera Las Bambas, el Ejecutivo decidió meter presos a los dirigentes de la Comunidad de Fuerabamba y a sus abogados acusándolos de extorsionadores; fiscales y jueces siguieron el guión hasta el límite del paroxismo. El fiscal contra el Crimen Organizado de Abancay solicitó y la jueza supernumeraria de Cotabambas, Patricia Valenza, ordenó 15 días de detención preliminar contra los dirigentes y abogados, cuando la ley solo la facultaba a 10. En una resolución donde se referían despectivamente a los líderes comuneros como seudodirigentes, se ordenó el allanamiento de 12 inmuebles, 11 en Abancay y uno en Cusco, pero los fiscales y la PNP allanaron cuarto por cuarto un hotel en Lima sin estar amparados en orden alguna. Ya lo he señalado antes, pero no está de más repetirlo.

Alguien pensó en el gobierno, ilusa e irresponsablemente, que metiendo presos a los dirigentes y a sus abogados la protesta, descabezada, sería neutralizada y que podían entonces intervenir policías y militares y levantar el bloqueo al paso de los camiones de la minera Las Bambas que ya lleva más de 50 días en el fundo Yavi Yavi.

Luego se dieron cuenta del error, cuando entendieron que una salida violenta a la crisis de Las Bambas podía tener consecuencias gravísimas (para el país y para él, miren las encuestas) y que necesitaban a los dirigentes fuera de la cárcel para dialogar.

Resultó patético escuchar a los voceros del gobierno, que habían provocado la situación, diciendo que ellos no tenían nada que ver con las detenciones y que por la “independencia de poderes” nada podían hacer para liberar a los presos.

El eco de sus palabras todavía se oía cuando la propia realidad las contradecía: a las horas Gregorio Rojas era puesto en libertad, prácticamente a pedido del gobierno.

En resumen, si el gobierno necesita que vayas preso, vas preso, si el gobierno necesita que te liberen, te liberan. ¡Que viva la independencia de poderes!

La historia no ha terminado aún.

Ayer venció la detención preliminar de 10 días dictada contra los hermanos Chávez Sotelo, pero no fueron liberados como manda la ley. Por el contrario se ha convocado a una audiencia para atender la solicitud de la Fiscalía de prisión preventiva contra los abogados Frank y Jorge Chávez Sotelo y contra Carlos Vargas, pero la audiencia de un proceso abierto en Cotabambas, que está ubicada en la Región Apurímac, ha sido convocada en la ciudad de Cusco.

Peor aún, la citación ha sido notificada a la defensa de los Chávez Sotelo y de Vargas menos de 24 horas antes como mandan los procedimientos y sin adjuntar ninguna documentación que permita un efectivo ejercicio del derecho de defensa.

O sea, ¿alguien en el gobierno piensa, (insisto que eso de “pensar” es un decir) que lo mejor es mantener presos a los Chávez Sotelo? Entonces, ¿la justicia sacudirá la cola y hará lo que le toca?

Soy un convencido de que el reclamo de los comuneros de Fuerabamba es legítimo. ¿Que su demanda de compensación ha sido desproporcionada?, probablemente. ¿Que es posible una solución negociada donde tanto ellos como la minera van a tener que ceder?, por supuesto.

¿Que los abogados muchas veces exacerban los conflictos para tratar de ganar más en sus honorarios de éxito?, pero por supuesto que sí.

Pero de ninguna manera es aceptable que ya no solo pretendamos criminalizar la protesta social, sino criminalizar como extorsionadores a los abogados de unos comuneros que no hacen ni más ni menos lo que todos los abogados en este tipo de litigios, tratar de conseguir lo más posible para sus clientes y, por supuesto, también en el camino, lo más posible para ellos mismos.

Una vez más, es necesario repetirlo. Nadie mejor que Martín Vizcarra para entender esta situación y actuar como estadista y no como guardaespaldas de las grandes corporaciones como hicieron los anteriores presidentes. Vizcarra, a diferencia de los otros, fue uno de los líderes de una protesta social en Moquegua que, al no ser escuchada por el gobierno de Alan García, se desbordó y bloqueó carreteras, tomó puentes, quemó locales y hasta retuvo a 60 policías.

No se olvide presidente de cuando a usted le tocó estar abajo con la gente exigiendo que se les respete.

Pero también hay que decir que tenemos mejores jueces y fiscales que los que están avergonzando a sus instituciones en el caso Fuerabamba. Sería bueno que ellos también se hagan oír.

 

 

 

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