Ladrillo Sindical del Sur

El bebe de Rosmery

 
FRANCISCO DEL CARPIO  

01DICIEMBRE2019

 

 

La liberación de los once trabajadores de Construcción Civil en Arequipa, fue un duro revés político para los empresarios de la construcción, los del "Club" que todos conocemos, representados por la fiscal Rosmery Mendoza quien se prestó a sostener que el viejo Sindicato de Construcción Civil de Arequipa, fundado por Bernardo Linares en la década del 50 del siglo pasado, era una organización criminal, con fachada del sindicato, que actuaba criminalmente bajo la máscara de las protestas sociales para extorsionar a los empresarios del Club con cupos laborales y pagos.

No tuvo en cuenta Rosmery que, para que exista "organización criminal" ella debe acreditar la presencia de tres personas organizadas, por lo menos, que tengan el propósito de delinquir y que exista, además, estructura criminal, prontuariada. En el caso de José Luis Chapa el juez no halló consistencia con estos puntos, pues se trataba de el secretario general, en funciones, de la Federación de Trabajadores de Arequipa, una de las instituciones más prestigiadas, representativas y respetadas de la región; y no de algún cabecilla de una organización delictiva como sostenía la despistada fiscal.

Esta señora (Rosmery) puso como elementos de convicción para acusar a los trabajadores de "extorsión" los padrones de afiliados del gremio de Construcción Civil como si fuera una relación de criminales y las actas de su Libro (de Actas) como constancia de su "criminalidad" pues allí constaba por escrito "a mano" sus protestas, marchas, huelgas de brazos caídos y de las otras, conciliaciones, acuerdos de paralización, etc. Es decir, todo lo que se informa, acuerda y se resuelve en las asambleas sindicales era para Rosmery, la fiscala, material que demostraba la criminalidad de los trabajadores de Construcción Civil.

 

El juez señaló que estos elementos, solos y en conjunto, no indicaban que los trabajadores hayan cometido u ordenado cometer actos delictivos. El Código Penal precisa que el delito de extorsión consiste en obligar con amenaza o violencia, a una persona o institución, a otorgar una ventaja económica o de otra índole.

Entre otros elementos de convicción se consignaron declaraciones de testigos que sindicaron al secretario de Construcción Civil, Andrés Saya, haber "extorsionado, amenazando" a los representantes de una edificadora de construcción multifamiliar con el cumplimiento de la bolsa de trabajo, y a los trabajadores el pago de la cuota sindical, sean sindicalizados o no.

 

Ya es bien raro que se extorsione y la vez se amenace con el cumplimiento de los acuerdos. Pero así lo sostuvo la fiscal que parecía oficiaba de operadora del Club de la construcción. Los que no saben de lucha sindical no saben que es obligación del dirigente, exigir a la empresa cumplir, en el caso de Construcción Civil, con la bolsa de trabajo para los sindicalizados de su gremio; pues generalmente las grandes empresas se vienen con sus propios trabajadores y no consideran a los del lugar. Igualmente, están en su derecho de exigir a los trabajadores de esa base sindical el pago de las cuotas correspondientes, no para beneficio de algún dirigente en particular, sino para todo el gremio.

Es curioso pero la empresa supuestamente "extorsionada" que denunció como extorsión el pago de la cuota sindical (derecho de toda organización obrera) ni siquiera realizó el depósito que denunció. Algo más, el sobrenombre "Ladrillo sindical del sur" lo colocó la policía para codificar sus acciones.
 
 

 

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