La insurgencia militar constitucionalista del 13 de noviembre de 1992

 
Julio Del Carpio G. Comandante (r) EP

NOVIEMBRE2018

 

La madrugada del día 13 de noviembre de 1992, un grupo de oficiales insurgentes, comandados por el general de división Jaime Salinas Sedó reunidos en un taller de automóviles de la Av. Panamá, convertido en el cuartel general de la resistencia cívico-militar analizaban la situación, las variables de contingencia, así como la continuidad de los factores de seguridad y sorpresa; al establecerse que las condiciones mínimas de ejecución previstas en el planeamiento no estaban dadas, cancelaron la operación procediendo los oficiales a retirarse.

Aquella lóbrega y tensa noche de una densa neblina y pertinaz llovizna acompañada de la oscuridad reinante producida por la voladura de una torre de alta tensión dinamitada por los terroristas de Sendero Luminoso que se desplaban del campo a la ciudad en busca del equilibrio estratégico, fue rota por los disparos de armas automáticas de esbirros del gobierno que trataron de asesinar al general Jaime Salinas, quien logró evadir la emboscada y tenaz persecución refugiándose en el cuartel general del ejército, resultando el chofer herido y el auto semiblindado, acribillado.

La situación existente en los cuarteles era tensa. El ex capitán Vladimiro Montesinos Torres -dado de baja por traición a la patria-, convertido por Fujimori en factotum del poder, había descabezado a los comandos institucionales de las fuerzas armadas nombrando en su reemplazo a oficiales obsecuentes con el régimen. En la marina cambió al almirante Panizo por Montes Lecaros, en la FAP al general Vucetich por Velarde, en el ejército al general Villanueva por Hermoza Ríos y en la estratégica II Región militar al general Jaime Salinas por José Valdivia.

El desencadenante del malestar existente en los cuarteles fue el autogolpe del 5 de abril de 1992, ejecutado por una camarilla aventurera, al margen del comando conjunto, el cual “disolvió” el Congreso e intervino el Poder Judicial asumiendo el poder total del país dando cumplimiento a lo establecido en el “Plan Verde” que preconizaba la continuidad de un proyecto cívico-militar a cumplirse en un régimen absolutista y dictatorial que intentaba perpetuarse en el poder durante 20 años, teniendo como instrumento de ejecución y dominio las instituciones castrenses y policiales.

Ante el rechazo de los organismos internacionales, la ONU, la OEA, la Unión Europea, la CIDH, y la protesta de los países de la región que demandaban la democratización del régimen. El gobierno inicia la politización de las fuerzas armadas obligando a los oficiales a recoger firmas a favor de la candidatura de Jaime Yoshiyama para el llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD) a la vez que Montesinos comienza a proyectar a oficiales de su promoción para copar las estructuras de comando del ejército peruano, prolongando su permanencia en el cargo, escenario de dominio institucional similar al estructurado, años después, por Ollanta Humala, desmontado en la actualidad.

La situación política se tornó insostenible amenazando la gobernabilidad del país, aunado en lo económico a la crisis producida por la descomunal hiperinflación heredada de García, en lo social las protestas se incrementaban. En el campo militar el país estaba sufriendo la ofensiva de Sendero Luminoso y el MRTA, esta situación límite llevó a un grupo de militares del alto mando de la marina, la FAP y el ejército a entablar conversaciones con el general Jaime Salinas Sedó para que lidere el movimiento insurreccional, estableciéndose un estado mayor que logró el apoyo de ciertas regiones militares y unidades especializadas de las fuerzas armadas.

El plan esquemático consistía en la captura del presidente Fujimori en alguna de las instalaciones a las que concurría, como el SIN, la DIFE, el COINDE o el cuartel general trasladándolo a la base aérea de Pisco, aislándolo de Montesinos y Hermoza con lo cual se neutralizaba y desarticulaba el “triunvirato del poder”; las hipótesis del planeamiento no consideraron que Fujimori, de origen japonés, se refugiaría en la extraterritorialidad de la embajada de sus ancestros, lo que hizo fracasar el plan.

De inmediato las agencias de noticias del mundo, los medios de prensa, los analistas políticos propalaron la información, quedando desconcertados por la inédita y atípica conceptualización de una insurrección democrática de las fuerzas armadas, que no respondía a los estándares de los golpes militares clásicos sino para defender la Constitución, el imperio de la ley, el ejercicio de la democracia y el restablecimiento del orden establecido.

El gobierno dictatorial inicia una feroz persecución logrando detener a los oficiales insurgentes trasladándolos a los calabozos del SIN donde fueron cruelmente torturados, física y psicológicamente, al general Salinas lo amenazaron con hacer “desaparecer" a su hijo, al comandante Marco Zárate le rompieron la cabeza con la cacha de una pistola, al comandante Enrique Aguilar, que le luxó la mano a Montesinos lo agarraron a culatazos, al mayor Salvador Carmona lo colgaron, al mayor Cesar Cáceres lo clavaron con agujas hipodérmicas infectadas, al mayor Hugo Ormeño lo golpearon con saña, a los generales Pastor Vives, al general Soriano y a los hermanos Obando los sometieron a brutales interrogatorios y amenazas.

Ni las torturas, ni lo halagos, ni el aislamiento, lograron doblegar a estos valerosos militares del 13-N, fracasando sus captores en el intento de arrancarles la delación de sus camaradas de armas en la situación de actividad que habiendo participado en la insurrección no fueron detenidos. Burlado el régimen dictatorial, arma una parodia judicial que condena a los oficiales insurgentes los que son recluidos en el Real Felipe durante 3 años; ellos fueron liberados por la presión de los organismos supranacionales, el activismo de militares, el ejercicio del imperio de la ley y el derecho, invictas sus banderas de lucha ante la posteridad.

La estulticia, el odio y la venganza enfermiza de Montesinos, quien inicialmente ordenó que los oficiales del 13-N fueran enviados al penal de alta peligrosidad de Lurigancho consignándolos junto con los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA para que fueran asesinados, originó una ola de protesta en las fuerzas armadas y que los oficiales de la 3ra División Blindada de Moquegua con apoyo de elementos de la fuerza aérea, la naval y la policía amenazaran con realizar un contragolpe militar, situación de rebeldía que rápidamente se propagó en la región militar del sur, lo que agravaría la situación del régimen en el contexto internacional, haciendo retroceder a Montesinos en sus pérfidas, desquiciadas y enfermizas intenciones de venganza irracional.

El Perú, tiene una deuda histórica con esta pléyade de oficiales patriotas, dignos herederos de Cáceres y Bolognesi, que hace 26 años insurgieron para restablecer la Constitución Política del Perú que juraron respetar, motivación que posteriormente fue tomada como pretexto por un aventurero político-militar que montó la burda coboyada del "locumbazo" llevando como estandarte la defensa de la Constitución, pero que, llegado al poder, comenzó por dar cumplimiento a sus deshonestos planes, acordes con la política imperial del NOAM, que preconiza la desestructuración progresiva de las fuerzas armadas, comenzando con la venta o "concesión" de las instalaciones militares, precarizadas por la falta de partidas para mantenimiento.

 
 

 

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