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Los destructores

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Ricardo Velasco | HILDEBRANDT en sus trece

MAYO2019

 

 

El hampa campea en Construcción Civil. El Apra le abrió las puertas. Y ya van 17 asesinatos.

“Te vas a caer al piso, te vamos a tumbar”, le dijeron a Luis Villanueva de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, desde el otro lado del hilo telefónico. Fue la última amenaza de una serie de llamadas intimidatorias que desde hace meses recibe el dirigente en su celular. Villanueva denuncia que quieren silenciarlo por su decisión de luchar contra el crimen organizado enquistado en los seudo sindicatos del sector. “Está probado que la mayoría de sindicatos tiene relación con el crimen organizado. La policía ha desbaratado a más de 100 bandas en los últimos años y pese a ello la cartera de Trabajo no depura el registro sindical” dice Villanueva a este semanario.

Según cifras de la Federación de Construcción Civil, actualmente en Lima funcionan cerca de 80 sindicatos de construcción civil. Cincuenta y ocho de ellos fueron formalmente reconocidos por el Ministerio de Trabajo durante el segundo gobierno aprista “A partir del 2008 se comenzó a utilizar la modalidad del registro automático y desde entonces se han formado sindicatos cuyo objetivo no es defender los derechos de los trabajadores sino dedicarse a la extorsión y a generar violencia”, denuncia el sindicalista.

El dirigente explica que durante la última administración aprista, con el, objetivo de debilitar a la Federación de Construcción Civil, el gobierno ordenó, sin mayores requisitos, dar trámite a las solicitudes de nuevos sindicatos del sector. Aquella medida recibió el aval público del propio Alan García, quien se reunió en Palacio con tres personajes vinculados al sindicalismo aprista: Víctor Aponte Núñez, Carlos Roncagliolo Gutiérrez y Augusto Ramos Dolmos, tres rostros conocidos de las comisarías locales.

Víctor Aponte había sido expulsado de la Federación de Trabajadores tras ser detenido con un arma de fuego en una obra en Naplo, en donde se había "instalado" para “solicitar” un “cupo de paz laboral”. Carlos Roncagliolo Gutiérrez, alias “Colchón”, está en prisión desde el 2013 por extorsionar a la a la constructora Abengoa. El delincuente asegura que es un perseguido político. Y Augusto Ramos Dolmos, el tercer invitado de García en Palacio, purgó prisión en Lurigancho por extorción a finales de los 90. En el 2012 fue detenido nuevamente acusado9 de organizar el asalto a una tienda. Finalmente salió limpio en el proceso judicial y, en el 2016, su sindicato se plegó a la candidatura de Keiko Fujimori. Aquella cita palaciega supuso, según explican los dirigentes de la Federación de Construcción Civil, el pistoletazo de salida al boom de los seudo sindicatos que sirven de fachada a las bandas del crimen organizado para extorsionar en las obras.

“De los tres, Ramos Dolmos sigue muy activo. Ahora está metido en las obras de agua y desagüe que se están desarrollando en San Juan de Lurigancho y la Carretera Central. Anda en camionetas de lunas polarizadas y con gente armada”, narra Villanueva.

En provincias, la situación no es mejor. Se calcula que entre formales e informales, existen unos 300 sindicatos que agrupan a unos 650 mil trabajadores. “Estos seudo sindicatos ya no solo actúan en Lima, Callao y el norte del Perú, sino que se han expandido por todo el país. Por ejemplo, sabemos que trabajadores de los sindicatos de Chimbote son llevados a Junín para ocupar las obras de Huancayo. Y en Marcona, donde van a empezar las obras de un nuevo yacimiento minero, se han creado diez nuevos seudo sindicatos. Esto ya lo denunciamos hace tres meses y no se han tomado medidas”. Lo más grave es que muchas de estas bandas ahora solo se dedican a extorsionar obras sino que se han diversificado hacia otros rubros como el comercio, el transporte y las farmacias. “Incluso algunos de nuestros afiliados nos han informado que el Cerro El Pino están cobrando una suerte de peaje para pasar de un lado al otro”, dice el dirigente.

La violencia con la que estos nuevos grupos actúan también ha tenido un impacto directo en la Federación de Trabajadores del ramo. En los últimos diez años Villanueva asistió a 17 funerales de compañeros asesinados. El último, Ulises de las Casas, representante de la Federación en Ventanilla, fue acribillado de siete balazos por dos sicarios en noviembre del año pasado. La situación es tan crítica que hace algunos meses la directiva de la Federación ordenó instalar un detector de metales en la entrada de su sede principal, en la Victoria.

Los dirigentes señalan la incompetencia de las autoridades a la hora de enfrentar el, problema y dicen que las medidas que se han implementado en los últimos años son papel mojado.

A raíz de la violencia desatada en construcción civil, en el 2015 el gobierno de Ollanta Humala implementó filtros para la inscripción de nuevos sindicatos. Por ejemplo, los dirigentes no pueden tener antecedentes penales ni sentencias firmes por delitos. También han implementado tres bases de datos para empadronar a los trabajadores, los nombres de los sindicatos y las obras en las que han trabajado. “Esto no está funcionando como debería. En el caso del registro de los trabajadores, el ministerio de Trabajo cometió el error de inscribir a todo el mundo, incluyendo a delincuentes. El registro de sindicatos hasta ahora no ha sido implementado y el de obras es voluntario, por lo que tampoco sirve para nada”, explica Luis Villanueva.

Geremías Escalante Paulino, otro dirigente de la Federación, asegura que la División de Protección de Obras Civiles (DIPROC) de la PNP, creada especialmente para encargarse del problema, empeora el panorama. “Algunos miembros de esa fuerza están están confundiendo su labor. En lugar de perseguir a los malhechores que extorsionan las obras, se han convertido en coordinadores de los empresarios. Algunos han llegado al extremo de exigir a los trabajadores que no se sindicalicen o que no paguen las cuotas sindicales”, reclama el dirigente.

 
 

 

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