Hildebrandt, Carhuancho, el Poder Judicial y la corrupción

©

 

“Hildebrandt en sus trece” N° 396. Viernes 11 de mayo 2018.
 

 
 
 

 

LO QUE ESTÁ EN JUEGO
César Hildebrandt
 

El sistema judicial se ha resentido esta semana. La afección se la ha producido el juez Richard Concepción Carhuancho y a ella ha contribuido, con una buena dosis de cepas viciosas, el fiscal Juárez Atoche.


No me cabe duda de que los Humala-Heredia recibieron dinero con hollín de Venezuela y Brasil dizque para hacer “un gobierno de izquier­das”. No me cabe duda de que su patrimonio inmobiliario se adquirió con esos trasiegos de dinero que sólo pudimos conocer por el escán­dalo del caso Odebrecht.


Pero el asunto de la incautación, ordenada poco después de que el Tribunal Constitucional los excarcelara, es una grandiosa metedura de pata. La gentita de la Fiscalía pretende justificar esa operación -gente armada hasta los dientes que veía desfilar colchones y cambiar cerraduras- apelando a esos formalismos que son el menú viscoso de los abogados. Allá ellos.

El juez del zigzag beodo pretende decir ahora que jamás retrocedió, que nunca se retractó, que jamás se contradijo. Allá él. El ridículo es enteramente suyo y no sería raro que con todo lo hecho sea próximamente erradicado del pro­ceso. Se lo merecería.


Se necesita mucho talento inverso para convertir a dos sinvergüenzas en víctimas. Concepción Carhuancho y Juárez Atoche han demos­trado tener un brillo particular en este asunto.
Pero, más allá de la anécdota, lo que está en juego es la lucha contra la corrupción.

 

Los errores de un juez y de un fiscal no pueden comprometer la tarea de fumigación de la administración pública y el escenario de la política. Nadie debería ampararse en las faltas de criterio y oportunidad de Concepción Carhuancho y Juárez Atoche para intentar debilitar la cruzada saneadora en la que se nos va la vida. O derrotamos a la corrupción o la corrupción terminará por devorarlo todo.


Las señales no son alentadoras. Allí está el Congreso fujimorista encubriendo a los suyos (inclusive a los sospechosos de narcotráfico), las maniobras dilatorias en el caso de la extradición de Alejandro Toledo, la lentitud fiscal para procesar el caso del congresista Edwin Vergara, la impunidad vitalicia de la que parecen disfrutar Alan García y Keiko Fujimori, la oscuridad en las cuentas de Luis Castañeda Lossio, el atasco en la investigación sobre los aportes clandestinos recibidos por Susana Villarán. Y, como si esto fuera poco, allí están, a lo largo de todo el Perú, las decenas de casos de forajidos liberados por jueces y/o fiscales malolientes y la masiva parti­cipación de efectivos de la policía en bandas de ladrones, asesinos y traficantes de tierras.


Es básico separar la paja del trigo. Que Concepción Carhuancho y Juárez Atoche hayan cometido un error mayúsculo no significa que los Humala sean santos. Ni debe debilitar el combate a la corrupción que acogota al país todos los días. Y ante un Ejecutivo débil y un Congreso gobernado des­de la oscuridad por muy turbios intereses, corresponde a jueces y fiscales la gran tarea de arrinconar a los podridos. Esa es su responsabilidad. Por eso no deberían permitirse cometer los des­atinos que han alimentado las primeras planas de los diarios durante toda la semana que pasó.


Hay un interés en traerse abajo la lucha con­tra la corrupción. Qué no darían el fujimorismo y el Apra (y las sobras del nacionalismo farsante) por ver al Poder Judicial y al Ministerio Público sometidos a la censura pública y despojados de credibilidad y prerrogativas. Eso es lo que hay que evitar. En eso debieron pensar, antes de buscar los operativos telegénicos y la emulación de algún juez brasileño, tanto Con­cepción Carhuancho como Juárez Atoche. Ojalá haya aprendido la lección.

 

LECTURAS INTERESANTES Nº 825
Remite: gvasquezcuentas@gmail.com  gvasquezcuentas@outlook.com
LIMA PERU 11 MAYO 2018

 

  Golpe en el Poder Judicial
© Américo Zambrano

Los días como juez compulsivamente canero de Richard Concepción Carhuancho podrían estar contados. Se prepara una restructuración a fondo de las salas que combaten el crimen organizado y la corrupción. En este esquema el magistrado de las idas y venidas incautadas quedará sujeto a un examen ratificatorio.

Un terremoto está a punto de sacudir el poder judicial. Las recientes marchas y contramarchas del juez Richard Concepción Carhuancho han colmado la paciencia del Concejo Ejecutivo de esa institución que preside el vocal supremo Duberlí Rodríguez Tineo.

El titular de la Corte Suprema ha iniciado las gestiones para aprobar en 30 días un estatuto que propone la desaparición de la Sala Penal Nacional a la que pertenece Concepción Carhuancho.

Presidida por la vocal Inés Villa Bonilla, la Sala Penal Nacional se había opuesto hasta ahora a cualquier injerencia del Concejo Ejecutivo del Poder Judicial, haciendo respetar su “independencia”.

Pero las últimas disposiciones del juez Concepción Cahuancho en el caso Humala – Heredia han trastocado el tablero de juego.

El estatuto, al cual tuvo acceso el semanario (Hildebnrandt en sus trece), propone unificar la Sala Penal Nacional y el Sistema Nacional Anticorrupción en un solo órgano de lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Esta “fusión” supone el desmantelamiento de los dos sistemas judiciales que actualmente operan de manera autónoma. Y significa, además, la elección de nuevos magistrados titulares para nuevos magistrados titulares para esta nueva dependencia que se llamará “Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado”. Esto quiere decir, según confirmó el presidente del Poder Judicial al semanario Hildebrandt en sus trece, que los actuales integrantes de la Sala Richard Concepción Carhuancho, no tendrá una vacante garantizada en la nueva Corte Superior de Justicia. Deberán primero aprobar un examen en el Concejo Nacional de la Magistratura (CNM). “El juez que no pase la prueba no podrá integrar la nueva Corte Especializada”, afirmó Rodríguez.

Actualmente Concepción Carhuancho es el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria y, como tal, ejercer el control sobre las investigaciones a los ex presidentes Alejandro Toledo Ollanta Humala, la ex primera dama Nadine Heredia, los ex directivos de la constructora peruana Graña y Montero, los funcionarios apristas vinculados a la trama de las coimas de la Línea 1 del Metro de Lima, entre otros personajes implicados en el caso Lava Jato.

El titular de la Corte Suprema aclaró a la mencionada revista que, a la fecha, ninguno de esos casos está en proceso judicial, por lo que si Concepción Carhuancho aspira a tener una vacante en el nuevo órgano de justicia tendrá que someterse a las evaluaciones del Concejo Nacional de la Magistratura. De lo contrario podrá retornar a la plaza de origen en la Corte de Justicia del Santa, en Ancash.

El requisito para ser un juez de la Sala Suprema o del Sistema Nacional Anticorrupción prosiga con sus casos actuales es que estos actos se encuentren en etapa de juicio oral, lo que hasta ahora no ocurre con ninguna de las “investigaciones preparatorias” relacionadas a los sobornos de la constructora brasilera Odebrecht.

Hace algunas semanas el coordinador de las fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela Barba, anunció que a fines de abril pasado se acusaría formalmente al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa, lo que sería el paso previo para el inicio de un proceso oral.

Duberlí Rodríguez recordó que mientras un caso permanezca en “investigación preparatoria”, es decir, en el recojo de evidencias para probar un delito, la tutela la ejerce únicamente el Ministerio Público. “En esta etapa –apunta Rodríguez- no existen jueces que sean dueños de la investigación. El dueño es el fiscal. Por lo tanto el juez Concepción no es dueño de ningún caso”.

El año pasado el presidente del Poder Judicial intentó que todas las carpetas de corrupción de funcionarios de la Sala Penal Nacional, entre ellas las del juez Concepción, pasaran al Sistema Nacional Anticorrupción, presidido por la jueza Susana Castañeda Otsu.

Pero el organismo que dirige Villa Bonilla se opuso y se declaró “competente” para seguir ejerciendo control sobre dichos casos, lo que fue calificado por Duberlí Rodríguez como un acto de rebeldía.

En enero pasado, durante la apertura del año judicial, Villa Bonilla presidió una ceremonia judicial en la que aseguró que los magistrados bajo su independencia, dentro de lo que la ley manda, y que confiaba en que sus reclamos para mantener los casos vinculados a Odebrecht sean atendidos por el Concejo Ejecutivo. Ahora todo eso está a punto de cambiar.

A finales de diciembre del año pasado Rodríguez conformó una “comisión de trabajo”, presidida por la vocalñ suprema Elvia Barros Alvarado, que tuvo como objetivo elaborar el estatuto de la nueva Corte de Justicia de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado”.

El documento fue elevado al Despacho del presidente del Poder Judicial en enero de este año y fue sometido a una intensa evaluación. El estatuto “precisa y desarrolla” la estructura, organización y funciones del nuevo sistema judicial que “fusiona” la Sala Penal Nacional con el Sistema Nacional Anticorrupción.

La nueva Corte, según el documento, “contará con el personal jurisdiccional y administrativo necesarios e idóneos para el desempeño de un servicio especializado a nivel nacional”.

Esto quiere decir, reitera el presidente del Poder Judicial, que ninguno de los magistrados de la Sala Penal Nacional y el Sistema Nacional Anticorrupción tienen plaza fija en la nueva Corte.


(*) Tomado por TEÓFILO BELLIDO del artículo “Golpe en el Poder Judicial” escrito por Américo Zambrano, “Hildebrandt en sus trece” N° 396. Viernes 11 de mayo 2018.
 

Jornal de Arequipa no comparte ni se hace responsable de las opiniones emitidas en esta sección

 

www.jornaldearequipa.com