Lo que el fujimorismo ocultaba

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 Américo Zambrano y Rebeca Diz | Hildebrandt en sus trece

 

 

 

 

La mañana del jueves 7 la justicia propinó la mayor humillación al fujimorismo desde la caída del reo de la Diroes hace 17 años.

El juez Richard Concepción Carhuancho, quien hace algunos días había sido aclamado por el fujimorismo luego de mandar a prisión a los exejecutivos de Graña y Montero, dispuso el allanamiento de locales de Fuerza Popular en el centro de Lima y Surco.

El primero de ellos, situado en la avenida 9 de Diciembre (ex paseo Colón), es el local central de la agrupación. Allí se reúne la bancada y se capacita a los jóvenes y cuadros políticos de todo el país.

El segundo inmueble intervenido, que se ubica en el jirón Morochucos 140, en Surco, es el más importante para el fujimorismo: se trata del bunker de Keiko Fujimori, desde donde despacha con sus dos sombríos asesores, Ana Vega y Pier Figari.

A Morochucos solo tiene acceso la cúpula del partido, el famoso grupo “Mototaxi”, con José Chlimper a la cabeza. En esa propiedad de tres pisos se toman las decisiones más importantes y se definen las estrategias del partido. Es el cuartel general del fujimorismo.

El juez Concepción Carhuancho decidió los allanamientos ante un pedido formal del fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, quien tiene a su cargo la investigación relacionada al financiamiento que recibió Fuerza Popular en el 2011, así como la recaudación a través de cocteles “amicales” en el 2016. El 9 de noviembre pasado, Pérez interrogó a Marcelo Odebrecht en Curiba, Brasil. El ex CEO de la constructora brasileña declaró que tenía la certeza de que su empresa entregó dinero para la campaña de Fujimori en el 2011.

El fiscal Pérez sospecha que Fuerza Popular oculta en esos inmuebles documentación importante que no ha entregado al Ministerio Público y que es relevante para la investigación en curso.

Además, las primeras indagaciones de Pérez apuntan a que existirían indicios razonables de que Fuerza Popular maneja una “contabilidad paralela” para ocultar aportes de procedencia ilegal.

Pérez solicitó el descerraje de los locales de Fuerza Popular para evitar que desaparezca la posibilidad de obtener pruebas claves para la indagación de lavado de activos. Estas son, según la información examinada por la Fiscalía, el libro de inventarios y balances, el libro denominado “caja y bancos”, los estados financieros con los ingresos y registros de gastos relacionados a la campaña del 2011 y el “libro mayor” de la agrupación fujimorista.

Hace dos semanas, el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, entregó al fiscal Pérez “copias legalizadas” de libros en un intento por justificar sus gastos de campaña en el 2011. También entregó copias que enumerarían los gastos realizados en seis cocteles llevados a cabo entre el 3 de noviembre del 2015 y el 24 de mayo del 2016. El fiscal Pérez insistió en que le entreguen los originales de los documentos, a lo que tuvo que acceder el fujimorismo. Al comparar las copias con los se advirtieron irregularidades que hacen suponer que los libros contables han sufrido una grosera manipulación. El objetivo, según Pérez habría sido ocultar los aportes de Odebrecht y de otras compañías en el 2011.

Pérez señala que las copias presentadas por el fujimorismo consignan, por ejemplo, “aportes en especie” por 980,305.93 soles, que no coinciden con los originales que están en poder del Ministerio Público. “El acta de diligencia de exhibición de documentos, del 24 de diciembre del 2016, evidencia que existen discrepancias entre los documentos, dice el fiscal Pérez en su resolución de 49 páginas, a la cual tuvo acceso esta revista. Y añade: “Se establecen facturas por publicidad electoral a Fuerza 2011 no registradas en cuentas (del partido) o anotaciones en los libros contables, lo que podría evidenciar que se ha ocultado dinero entregado por Odebrecht”. El fiscal Pérez indica, además que el fujimorismo no ha declarado 884,916.65 soles, dinero que corresponde a los gastos de publicidad de la campaña del 2011.

El equipo de la fiscalía también acudió a la notaría del doctor Isaac Higa Nakamura, donde se pudo verificar que Fuerza Popular no había entregado toda la información requerida por la justicia. Incluso habría fraguado pruebas para burlar a la Fiscalía de Lavado de Activos. Pérez considera que por este motivo que la dirigencia de Fuerza Popular incurrió en el delito de encubrimiento real.

Algunos “aportantes” de la campaña 2011, como Jorge Becerra Núñez, negaron haber realizado esos abonos. “Yo nunca he depositado ese dinero (13,845 soles). Me sorprende que mi nombre figure en esa lista. Me imagino que habrán dado mi nombre y DNI porque yo nunca he dado nada a ese partido”, declaró Becerra.

Un testigo protegido reveló al fiscal Pérez, el lunes 4 de diciembre, que fue amedrentado para que cambie su versión. Acusó al congresista fujimorista Rolando Reátegui, de acuerdo a la documentación del caso. El colaborador señaló que Reátegui, a pedido de Fujimori, se encargó de ubicar a “gente de su confianza para ponerla como donante de la campaña del 2011 por que el partido “no podía sustentar los gatos”. Dijo que le depositarían dinero en su cuenta bancaria para que no declare ante el Ministerio Público. “Se establece que Fuerza Popular ha señalado ante la ONPE los nombres de los aportantes, pero estos no cuentan con solvencia económica que permita dar credibilidad al monto aportado, así como aportantes que han negado los mismos”, concluyó el fiscal en el documento presentado al Poder Judicial.

Con estos indicios Pérez Decidió intervenir los locales de Fuerza Popular. La operación fue una sorpresa absoluta para Keiko Fujimori. Ella estaba con su abogado camino al despacho del fiscal Pérez para ser interrogada cuando sus empleados la llamaron desesperados para comunicarle que representante del Ministerio Público estaba allanando su despacho en ese presido instante.

Fujimori tuvo que volver rápidamente para averiguar qué era lo que estaba ocurriendo. Cuando llegó a Morochuco se encontró con una escena que no olvidará nunca: un grupo de policías dirigido por el fiscal adjunto de Pérez, revisaba todo el inmueble; escritorios, computadoras, agendas, gavetas de documentos, las oficinas de sus asesores y hasta alacenas. Todo fue puesto boca abajo. Los policías, incluso, irrumpieron en los baños del local para verificar que no se haya ocultado allí documentación del partido.

A esa misma hora, Pérez y otra unidad policial escrudiñaban la sede Fuerza Popular en la avenida Paseo Colón. La diligencia en ese inmueble terminó a las 4 y 30 de la tarde, aproximadamente. El fiscal Pérez incautó dos folders con información del partido relacionada a los años 2010, 2011 y 2013, así como tres laptops.

Al cierre de esta edición continuaba la indagación en Morochucos. Se supo que las autoridades inspeccionaron 16 ambientes y se disponían a revisar toda información contable situada en la segunda planta del local, donde tiene su oficina Keiko Fujimori.

El allanamiento significa un golpe al plexo del fujimorismo y ocurre, además, cuando Fuerza Popular prosigue con su hostilidad al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, sobre quien pesan dos “acusaciones constitucionales” en el Congreso de la República promovidas por los congresistas Daniel Salaverry y Yeni Vilcatoma.

Diversos parlamentarios fujimoristas llegaron al local de Morochucos para tomar fotografías de la diligencia y acusar a la Fiscalía de “atentar contra la democracia”. “Esto es un abuso. Yo no he visto que ni a Odebrecht ni a Graña ni a otra empresa les hayan ordenado este tipo de allanamiento. Este es un atentado contra Fuerza Popular”, dijo la parlamentaria Cecilia Chacón. “¿Allanan un partido político que ha declarado todos sus ingresos ante la ONPE? Esto se llama vendetta política. Es una venganza”, acotó a su turno, Lourdes Alcorta.

Portátiles, fujimoristas –con carteles que decían “Vayan a Palacio (de Gobierno). Busquen al corrupto”, fueron desplazados rápidamente ambos inmuebles. Con el transcurso de las horas, las imputaciones del partido de Keiko Fujimori se enfocaron en el Presidente de la República. Que coincidencia. La Comisión Lava Jato cita a (la) esposa de PPK y de pronto se allanan locales de nuestro partido”, escupió la congresista Tamy Arimborgo. “Esto no podemos dejarlo pasar”, carboneó el vocero Daniel Salaverry, mientras la ex presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes, blandía el dedo de siempre. “¿Pretenden así asustarnos? Yo sí creo que esta es una represalia. Vamos a tomar las medidas del caso”. Guerra declarada. Golpe en marcha.

Por la noche, Keiko Fujimori ofreció una rueda de prensa y, acompañada de su bancada en pleno, calificó de “abuso” y “acto de revanchismo” el allanemiento del fiscal José Domingo Pérez. Lo atribuyó a la denuncia constitucional contra Pablo Sánchez presentada por el vocero Daniel Salaverry.

Algunos analistas políticos creen que lo que se avecina es una ofensiva, aún más virulenta contra el Fiscal de la Nación y el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Lo de esta mañana sí puede significar un contraataque (del fujimorismo)”, señala el analista político José Luis Requena. Y agrega “El fujimorismo está convencido de que este descerraje fiscal estaría ejecutado en realidad por el Ejecutivo”.

(*) La revista semanal “Hildebrandt en sus trece” accedió al documento del Ministerio Público en el que se señalan las pruebas que incriminan a Fuerza Popular en el caso de lavado de activos, obtención turbia de fondos y amedrentamiento de testigos.

 

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