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Bien podría decirse
que la Mafia
recupera posiciones,
con los hechos
ocurridos en la
semana que concluye.
Por supuesto que nos
quedamos cortos si
consideramos que la
decisión adoptada
por el Tribunal
Constitucional el
pasado lunes 25 de
noviembre,
constituye una
afrenta a la
justicia. Es mucho
más que eso. Pero
debemos usar
“palabras mesuradas”
para expresar de
manera formal el
sentimiento que
embarga a millones
de peruanos,
empeñados en la
lucha contra la
Mafia y la
corrupción.
Es claro que en el
caso, se han violado
todos los
procedimientos y se
ha sorprendido a la
ciudadanía. 24 horas
antes de adoptada la
decisión de liberar
a Keiko Fujimori, el
país había sido
notificado de un
debate en torno al
tema, que el TC
debía procesar en el
transcurso de la
semana, y que sólo
el viernes se podría
saber el resultado
del mismo. Ocurrió,
sin embargo, que no,
que apenas el
recursos presentado
para liberar a la
acusada, pudo
alcanzar cuatro
votos en su
beneficio, se tomó
el acuerdo, y se
puso al Perú ante
hechos consumados.
¿A quién podría
beneficiar una
decisión adoptada de
ese modo? Sólo a
ella, pero en
absoluto a los
peruanos, ni a la
administración de
justicia.
Es curioso, la
resolución del TC
tuvo lugar cuando
quedó plenamente
confirmado la
denuncia que siempre
se hizo: que Keiko
Fujimori había
recibido cuantiosas
sumas de dinero de
sospechoso origen, y
las había
administrado en
secreto, violando
todas las
disposiciones
vigentes.
Porque la
beneficiada aseguró
siempre que todas
sus operaciones
financieras eran
legales. Lo informó
así a la ONPE, lo
acreditó ante la
SUNAT, y lo sostuvo
finalmente ante el
Poder Judicial. Hoy
se supo, sin
embargo, que sólo
había construido un
castillo de mentiras
que se derrumbó con
la primera brisa de
primavera.
Keiko recibió
donativos secretos,
creó depositantes
fantasmas
–verdaderos
testaferros-, ocultó
hechos, mintió
aviesamente, inventó
fuentes de
financiamiento
inexistentes, hizo
uso de la modalidad
de “pitufeo” para
engañar. En otras
palabras, se valió
de todos los
recursos para
esconder aportes que
sólo podían provenir
del lavado de
activos.
Los dineros del
Consorcio de
Dionisio Romero,
estaban en el
exterior, y fueron
traídos e
introducidos al país
–vía Islas Vírgenes
/ Gran Caimán- sin
que nadie lo
supiera. Por eso, no
fueron declarados en
su momento por sus
propietarios, ni por
Keiko Si hoy se supo
del asunto, eso no
debe atribuirse a la
franqueza de los
actores de este
ostentoso fraude,
sino al hecho que
las investigaciones
de la Fiscalía
pusieron contra la
pared a los
banqueros y los
obligaron a
confesar. Si eso no
hubiera sido así, no
habrían dicho nada y
el país entero
habría continuado
ignorando tamaños
desaguisados.
Es claro que la
decisión del TC es
casi una victoria
Pírrica de la Mafia.
Como ha tenido que
admitirlo el propio
Blume, el úkase
conocido no se ha
referido al fondo
del tema, sino
apenas a la
periferia. No ha
dicho, ni de lejos,
que Keiko sea
inocente de los
delitos que se le
imputan, ni que no
merezca una sanción
ejemplar al momento
de la sentencia. Ha
dicho –apenas- que
puede esperarla en
libertad.
Claro que con eso ha
dado un portazo a la
justicia. No sólo
porque a la sombra
de esa disposición
se ha archivado la
acusación contra el
Fiscal Chávarry–uno
de sus más
calificados
cómplices-; sino
porque también por
esa vía abandonarán
la cárcel otros
caimanes del mismo
pozo, como los
“árbitros” ,
abogados que se
llenaron de plata
favoreciendo a
Odebrecht contra el
Estado Peruano.
Algunos más, harán
lo propio.
La libertad de estos
peces gordos
constituirá, sin
duda, un mecanismo
de obstrucción de la
justicia, que deberá
tenerse en cuenta en
la perspectiva. No
será fácil,
entonces, remontar
la marea. Pero será
indispensable
hacerlo.
Para enfrentar el
alud, hay que
alentar el
funcionamiento de la
Fiscalía. Ya existen
pruebas más que
suficientes para
acusar a Keiko y
condenarla por la
comisión de diversos
delitos contra la
Administración de
Justicia y contra el
Estado. La Fiscalía
debe proceder como
corresponde.
Y hay que mantener
la batalla en dos
planos: el de la
denuncia y la
campaña de masas; y
el de la
movilización activa
de la población.
Un signo alentador
en la materia ha
sido, sin duda, el
hecho que el mismo
día, y a escasas
horas de conocido el
dictamen del TC,
miles de peruanos y
peruanas hayan
tomado las calles en
Lima y en otras
ciudades del país
mostrando verdadera
voluntad de lucha.
Ese camino, hay que
recorrerlo.
Vivimos un escenario
exterior convulso.
En Bolivia, tras el
Golpe Fascista, se
ha instaurado un
régimen asesino. En
Chile, el ejército y
los Carabineros
matan a la juventud
y a los trabajadores
día y noche. En
Colombia, se alzan
las masas
combatiendo al
“uribista” Duque. En
Ecuador, el pueblo
enfila contra el
traidor. En todos
esos países los
pueblos se han
alzado contra los
abusos y los
atropellos, y en la
búsqueda de dignidad
y de justicia. En
nuestra patria
habrán de ocurrir
episodios similares.
Aquí también la
gente está harta de
abusos y atropellos,
de inequidad y de
injusticia, de
desigualdades y de
discriminaciones.
Pero, sobre todo,
está harta de una
Mafia que envileció
la vida nacional y
que busca recuperar
posiciones a
cualquier precio. Co
sus líderes libres y
sus candidatos
“habilitados”, están
al acecho. ¡Cuidado!
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