La huelga de los maestros

"La precariedad de los salarios docentes es solo un síntoma de algo más grande: el abandono en el que hemos dejado a nuestra educación. Deberíamos entender esta huelga más allá de ser el reclamo de los docentes. Ellos tienen mucho que reclamar".


Es el resultado de décadas de abandono. Se repite constantemente que los docentes son los responsables del desastre de la educación peruana. Al maltrato del Estado se ha sumado el maltrato de la población. Se me hace difícil pensar en algún colectivo que haya sido víctima de ‘bullying’ de manera tan consistente por tanto tiempo.

Nuestra educación está crónicamente mal. Cuando se creó el Sutep, en la década de 1970, la educación ya estaba muy deteriorada. De hecho, esa situación fue una de las causas más importantes de su creación. Lo dicen los libros de historia. Me lo dijo mi madre, docente de Castellano y Literatura, que estuvo ahí. Lo dicen también los modelos econométricos y los datos internacionales. El mal estado de nuestra educación puede documentarse desde la década de 1950.

En este marco, los salarios de los docentes, y por añadidura el estatus de su profesión, se han deteriorado notablemente, especialmente en la década de 1980. Durante el quinquenio pasado se recuperaron un poco, sí, pero aún están muy por debajo de los niveles en los que se encontraban antes. Cuando yo era niño, el salario de un docente podía mantener a una familia de clase media. Hoy eso sería imposible.

Se dice: 5.000 docentes firmaron los planillones del Movadef, ergo, los profesores son terroristas. Lo que hay que decir es, primero, que firmar un planillón no convierte a un maestro en terrorista. Segundo, que en este país tenemos 300.000 docentes. Los firmantes son 1,7% del total. ¿Es justo estigmatizar a todos los profesores así?

Más ponderado y cercano a la verdad es decir que hay grupos, vinculados a una violencia que debemos terminar de desterrar, que están pugnando por controlar la cúpula de la dirigencia docente. Frente a ello, la pregunta de fondo es: ¿por qué los grupos violentistas tienen la posibilidad de pugnar por el control del Sutep pero a la vez tienen escasa suerte insertándose en otros gremios más consolidados de la sociedad civil? Esto habla también del estatus de la profesión docente en comparación con otras profesiones.

En la última década, los salarios de los trabajadores peruanos han mejorado en términos reales. Los de los docentes también, pero a una tasa menor. El salario mensual de los docentes está en el tercio inferior de la distribución de salarios de profesionales y técnicos del país.

Se ha prometido subir el piso salarial a S/2.000 en diciembre. Pero no nos hemos preguntado por el techo salarial que enfrentan los docentes. Este es poco más de S/3.500. Así va a seguir siendo imposible atraer a los mejores a la profesión.

Pero la precariedad de los salarios docentes es solo un síntoma de algo más grande: el abandono en el que hemos dejado a nuestra educación. Solo una de cada seis escuelas se encuentra en condiciones decentes de funcionamiento. Se ha estimado que poner al día esa infraestructura requeriría 21% del PBI. Para un país que anualmente invierte solo 3,8% de su PBI en educación, esto resulta inalcanzable.

Nuestra inversión en educación es de US$1.200 por estudiante por año. Estamos muy rezagados en comparación con nuestros pares. México invierte el doble de lo que invertimos nosotros. Chile invierte el triple.

Entonces, deberíamos entender esta huelga más allá de ser el “reclamo de los docentes”. Ellos tienen mucho que reclamar, sí, pero lo que deberíamos tener es un reclamo ciudadano. Necesitamos una mejor educación para ser un mejor país y al ritmo que vamos estamos fallando.

Duplicar la inversión educativa en el corto plazo es inviable, especialmente si tomamos en cuenta los niveles de recaudación tributaria. Ese reclamo ciudadano por una mejor educación debería ir de la mano con una mayor toma de conciencia de la necesidad de ser solidarios. La manera directa de hacer eso es pagando impuestos, todos.

A inicios de este año nos enfrentamos a una emergencia climática. Esa adversidad permitió que brotaran entre nosotros las mejores muestras de solidaridad. Esa adversidad nos permitió ver también a un Estado capaz de funcionar, que puede llegar al ciudadano con soluciones concretas a problemas concretos. Pasada la emergencia, se está trabajando en soluciones estructurales que mitiguen los riesgos de las inclemencias climáticas.

Lo de la educación no es una emergencia, estamos frente a un problema estructural. Tenemos una nueva oportunidad de demostrar que podemos estar a la altura de los retos, unidos por la causa común que más importa.

 

 

Hold the door


Exactamente hace cinco años, en agosto del 2012, la facción Conare del Sutep puso en jaque al Estado Peruano por primera vez. Los máximos líderes de este sindicato pertenecían al Movadef y manejaban al 7% de los profesores de todo el Perú, que suena a poco pero que en números reales significaba que estaban a cargo de más de 600 mil alumnos.

El Conare había sido la primera gran victoria, casi involuntaria, del Movadef. Hace una década, el verdadero frente magisterial senderista se llamaba Fresut (Frente de Reconstitución del Sutep) y lo lideraba el entonces secretario nacional de prensa y propaganda del Movadef. El Fresut se introdujo en el Conare, entonces dirigido por la gente de Puka Llacta. Es comprensible que muchos se mareen ante los múltiples y coloridos fraccionamientos de las izquierdas y la convivencia de los más radicales con “compañeros” filosenderistas pero, en este punto, si realmente queremos entender cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado, no podemos asumir –como se ha hecho erróneamente– que todos los que emplean un lenguaje “clasista y combativo” son terrucos.

Puka Llacta, decíamos, era maoísta pero no senderista. En el 2010, los senderistas los derrocaron y tomaron, para siempre, el Conare. El próximo objetivo: que el Conare fagocite al Sutep. No lo consiguieron en la huelga del 2012. Están a punto de conseguirlo en la del 2017.

Por eso resultan francamente candorosos los que sostienen que la huelga se debe, exclusivamente, a un problema de sueldos. La visión economicista –predominante en los medios y en el gobierno– se concentra en el árbol y no en el bosque. Eso sí: los reclamos salariales de los maestros no son solo justos sino urgentes en un país que históricamente ha descuidado la educación y maltratado a los maestros. Pero, para la dirigencia del Conare, esta huelga no se trata de eso. ¿Por qué esta es la primera gran huelga magisterial en los últimos cinco años? Sobre todo si tenemos en cuenta que, como se ha demostrado con datos de Grade, los sueldos de los maestros vienen aumentando de forma constante (lenta e insuficiente, pero constante) desde hace cinco años.

Para variar, se trata de manejo político. Con el ministro anterior –el censurado, ahora en el Banco Mundial– la dirigencia central del Sutep, históricamente dominada por Patria Roja (PR), se vio empoderada y legitimada como la única interlocutora válida. Esto, por supuesto, escandalizó a los típicos opinólogos limeños que trataban a los de PR como si fueran tan violentos –e incluso subversivos– como los senderistas. No se dieron cuenta de que eran los que trancaban la puerta a los zombies de afuera.

Ahora que le quitaron el respirador artificial a PR, el Conare se ha puesto a la cabeza de casi todo el Sutep (menos en Lima). El verdadero poder del Movadef –como siempre que infiltra cualquier legítimo reclamo sindical o ciudadano– es conseguir que haya gente tan desesperada que los necesite para reivindicar sus causas. Pero, hasta ahora, todas las instancias del Estado no los aceptaban como interlocutores. Esta semana tanto el Ejecutivo ppkausa como el Legislativo fujimorista los legitimaron como actores políticos. Les abrieron las puertas. Ya no hay vuelta atrás. Movadef is coming.

 

 

Ni víctimas ni villanos
 


A propósito de la prolongada huelga de maestros en varias provincias del país, en los últimos días se ha venido discutiendo acerca de las condiciones laborales en las que trabajan nuestros docentes.

Para nadie es un secreto que los docentes son el agente central en la prestación de los servicios educativos y que, por lo tanto, la calidad de dichos servicios nunca puede ser mejor que lo que resulta de las políticas sobre formación, reclutamiento, remuneración, carrera y desempeño docente.

Tampoco es un secreto que entre finales de la década de 1970 y 1990 nuestra educación básica sufrió un marcado deterioro, que llegó acompañado por un retroceso general en las condiciones de trabajo y de desempeño de los docentes peruanos. Y pese a los progresos observados desde finales de los años noventa, aquel deterioro aún no se ha podido remontar.

Lo anterior ha derivado en un consenso acerca de la necesidad de revalorar la docencia, aunque no siempre es claro qué significa esto. ¿Un incremento constante de salarios sin que ello necesariamente se traduzca en mejores desempeños? ¿Es acaso que el problema se limita exclusivamente a lo salarial?

Parte de la dificultad en abordar exitosamente estos problemas se explica por la presencia de dos discursos que no contribuyen a encontrar las mejores opciones de política. Por un lado, existe un discurso paternalista que ve a los docentes como las víctimas de una situación presumiblemente orquestada por malas voluntades y que, por tanto, está dispuesta a exonerar a los docentes de toda responsabilidad profesional debido a su situación salarial. Es decir, se justifica cualquier deficiencia en su trabajo, incluso faltas graves, con el argumento “bueno, es que se les paga tan poco”.

Por otro lado, hay también un discurso opuesto que etiqueta a los docentes como villanos y los culpa de todos los males de la educación peruana. Esta visión, no obstante, ignora que la sociedad en su conjunto es responsable del deterioro de la situación educativa (por ejemplo, ningún gobierno obligó a universidad alguna a reducir los niveles de exigencia en la admisión a sus programas de educación).

Ambos discursos menoscaban el carácter profesional de la docencia, el mismo que no se reduce a reclamar un salario similar al de otros profesionales o tener, por decreto, el reconocimiento social del que otros grupos profesionales gozan. El reconocimiento social y la remuneración se asocian a la calidad y al valor del desempeño que un colectivo profesional puede desarrollar y, lamentablemente, tenemos problemas muy graves en este terreno.

Estos discursos también descuidan el carácter colegiado de la función profesional y la autonomía con la que un profesional ejerce su trabajo. Esto último, además, ha sido mermado por una tendencia estatal a definir centralmente varias prescripciones sobre cómo el docente debe ejercer su labor. En vez de contar con una política que habilite a los docentes a desarrollar su trabajo, en demasiadas ocasiones la política educativa ha pauteado en detalle lo que estos deben o no deben hacer en las aulas, algo que evidentemente no funciona.

La revaloración de la docencia y de los docentes pasa necesariamente por una recuperación del carácter profesional de su labor (colegialidad, autonomía, excelencia en el desempeño y una remuneración correspondiente). Para ello no basta con políticas salariales aisladas o sujetas a la lógica del reclamo y la negociación.

La carrera docente será valorada socialmente no mediante un decreto o por incrementos salariales que no se traduzcan en mejores desempeños, sino que lo será en el momento en que abordemos el problema de modo integral y mostremos a la sociedad que los docentes, como cualquier otro profesional, trabajan en una jornada de tiempo completo, muestran un desempeño acorde con la necesidad de sus estudiantes y reciben una remuneración ajustada a ello.

 

 

La opinión de un ultra arrepentido de los 70

"Como suele ocurrir, los maestros tenían la expectativa de que el nuevo gobierno incrementaría sustancialmente los salarios, como ofrecieron todos los candidatos en la campaña electoral".


La huelga magisterial en más de la mitad del país ha causado serios problemas en varias ciudades, sobre todo en el sur. Varios dirigentes de estos sindicatos regionales son acusados de pertenecer a grupos extremistas como el Movadef, fachada de la facción de Sendero Luminoso y Puka Llacta.


Sin embargo, el problema no es como algunos pretenden, un grupo de radicales que moviliza a miles de profesores tan ideologizados como ellos. Lo cierto es que los salarios en este sector se han deteriorado sistemáticamente desde mediados de la década de 1970.

Según cifras de Hugo Ñopo y Grade, el salario promedio de los maestros en su mejor momento, en el primer gobierno de Fernando Belaunde, era de poco más de 10.000 soles mensuales (38.142 dólares anuales), que con altibajos se mantuvo hasta 1974, a finales del gobierno del general Juan Velasco.

En marzo de este año, el sueldo mínimo de los maestros estatales se aumentó a 1.780 soles. Aunque esta cifra no es comparable con la anterior, en sueldo promedio, es lo que ganan la mayoría de los 238.000 profesores nombrados, según los dirigentes del sindicato.
En suma, en los 60 y 70, los maestros, de acuerdo con sus ingresos, pertenecían a la clase media. Hoy están proletarizados.

Si se compara con otros servidores públicos, la situación también es desfavorable. Un suboficial de la policía, que en la práctica sale de una escuela generalmente después de un año y medio, gana poco menos del doble, tiene estabilidad laboral durante 40 años, una pensión mucho mayor transferible a familiares cuando se retira, un sistema de salud especial y otros beneficios.

Como suele ocurrir, los maestros –al igual que los médicos y otros sectores– tenían la expectativa de que el nuevo gobierno incrementaría sustancialmente los salarios, como ofrecieron todos los candidatos en la campaña electoral. Eso no sucedió y los dirigentes radicales han podido desencadenar una huelga que ha ido creciendo con el paso de los días.

Han contado con la tolerancia o complicidad de autoridades regionales débiles y medrosas que han pagado puntualmente los sueldos, gratificación incluida, a los huelguistas. Sería tonto no plegarse a una paralización con la que eventualmente se puede conseguir algo sin perder ni arriesgar nada.

Los gobernadores regionales han hecho eso por temor a perder votos, pero sobre todo por miedo a los ataques de los bien organizados y persistentes grupos que dirigen los sindicatos regionales. Como suele ocurrir, no hay quién les haga frente, no existen partidos políticos y el Gobierno no lo hace.

Ahora los gobernadores se han comprometido a no pagar a los huelguistas. Habrá que ver.

Otro factor de la huelga es la disputa entre dirigencias radicales. El Sutep (Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú) fue fundado por activistas del maoísta Patria Roja hace 45 años. Nunca han dejado la dirigencia, a pesar de que en varios momentos han sido minoría real. Desde hace tiempo realizan elecciones o se anda manipulando sistemáticamente las votaciones.


Patria Roja jamás va a dejar por las buenas la dirección del Sutep porque vive de eso, política y económicamente. La dirigencia del Sutep maneja la Derrama Magisterial, una institución al parecer gestionada empresarialmente con eficiencia, y que es su fuente de ingresos y de clientelismo.

Los que dirigen ahora las huelgas regionales son del Conare (Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del Sutep) quienes, en los hechos, están demostrando mucha fuerza. Pero ni Patria Roja ni el Gobierno están dispuestos a reconocerlos.

El problema, ciertamente, no ha sido creado por este gobierno. Pero tampoco está haciendo mucho por resolverlo, al igual que los anteriores. Todos los políticos se llenan la boca con la educación, porque eso da votos, pero realmente no les preocupa demasiado. Los resultados de cambios sustantivos se ven en el largo plazo y ellos no los usufructuarían. Y sus hijos no estudian en colegios estatales.

La huelga podría terminar pronto, pero el daño a los estudiantes (por la intransigencia del gobierno) por el tiempo perdido ya es irreparable (la recuperación de clases es una ficción luego de una paralización tan larga). Los pequeños aumentos comprometidos por el Gobierno tampoco harán atractiva la carrera magisterial. Y así, hasta la próxima huelga.

 

 

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