Joaquín Ramírez y la política plutocrática

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Juan de la Puente

 
 
 

 

En 15 días se sabrá cuánto afectó, si lo hizo, el estallido del caso de Joaquín Ramírez (JR) a la candidatura de Keiko Fujimori. Por lo pronto, su salida de la alta dirigencia de Fuerza Popular es una pequeña victoria del sector del país que pugna por una relación armoniosa entre el dinero y la política, y entre el poder y la transparencia.

Es de suma utilidad examinar los entresijos de la presencia de JR en la más alta ubicación del partido fujimorista. Para la elaboración de un relato sobre este azaroso caso importan ahora más el ascenso y auge que la caída del personaje.

Ramírez no expresa la épica fujimorista de los últimos 15 años, o no lo expresa en el nivel que representan, por ejemplo, Luz Salgado, Martha Chávez o Martha Moyano; tampoco resume al nuevo sujeto social fujimorista menos comprometido con la defensa del estado de cosas de los años noventa, pero interesado en los asuntos públicos.

Su poder no viene de la organización, de la doctrina o del programa. Es evidente que viene del dinero, es decir, de su capacidad de trasladar al partido sus recursos financieros. Esta condición para el ejercicio del poder es una de las variantes de la “plutocracia”, un término griego que tiene la misma edad que “democracia”, recreado hace años por el novelista portugués y universal José Saramago cuando dijo en Buenos Aires: “Vivimos en una plutocracia, un gobierno de los ricos, cuando estos, proporcionalmente al lugar que ocupan en sociedad deberían estar representados por una minoría en el poder”.

Hay sistemas más plutocráticos que otros. El nuestro es uno de los más extremadamente plutocráticos. No me refiero al natural deseo de los empresarios de hacer política a razón de lo cual han ingresado al Congreso un buen grupo de ellos, como que varios empresarios fueron elegidos alcaldes y gobernadores regionales, con notables resultados. Es el caso en el mismo fujimorismo por ejemplo del gobernador de Ica, Fernando Cilloniz, o de José Chlimper, cuyo papel es político, orgánico y de representación pública.

El de JR no es el único pero es el caso de ejercicio del poder desde el dinero, con el dinero, y con poca política y muchos recursos financieros; es la captura de un colectivo partidario con el único atributo del dinero. Se aprecia en este proceso un cambio respecto de las ya conocidas coaliciones distributivas que atenazan a gobiernos y políticos: del pacto entre políticos y financistas, subordinados los segundos a los primeros, se ha pasado a una alianza de iguales entre el dinero y la política. La difícil decisión de apartar a Ramírez del segundo cargo de importancia de Fuerza Popular resume la naturaleza de esta alianza, ajena a las convenciones.

Incluso en la hipótesis que se desvirtuaran las acusaciones contra JR, el suyo es un caso típico de infiltración del dinero en la política. ¿Es malo? Sí. La democracia en su acepción moderna puede ser de derechas o izquierdas, populista o programática, elitista o de masas, pero está obligada sobre todo a ser principista y meritocrática. El teórico liberal Robert Dahl sostenía que los ciudadanos deben tener igualdad de oportunidades para hacer realidad sus preferencias o pugnar por ellas públicamente entre sus partidarios, el gobierno y la sociedad.

La receta contra esta infiltración reside en la reconstrucción aun así sea mínima de reglas partidarias que igualen en lo posible las oportunidades de lo que tienen mucho y los que no tienen nada. Esto pasa por reconocer la precariedad de todas las formaciones políticas abandonando la contemplación de alguna de ellas como aparatos partidarios y de masas que cobijan grandes proyectos de país. Mentira, la debilidad de proyectos que muestra todos los días este proceso electoral es hermano y aliado de la precariedad de sus expresiones políticas. Es imposible, aun en nuestro país de inéditas experiencias, que un vigoroso movimiento para transformar o conservar conviva con un grupo político precario.

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