Ver el hashtag pero no el bosque

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Juan de la Puente

 

 

 

Los delitos sexuales en el Perú son, quizás siempre lo han sido, delitos masivos cuya incidencia ya debe ser comparada con el robo y el narcotráfico. Por esa razón es absurdo que el sector conservador-machista de nuestro país pretenda cuestionar sin base empírica, y solo desde lo masculino, el famoso hashtag #PerúPaísdeVioladores.

A los datos expuestos añado tres que confirman esta criminalidad masiva:

 

1) De los 83,000 internos en cárceles peruanas, 14,800 lo son por los cuatro tipos penales de violencia sexual (violación sexual a menores de edad, violación sexual tipo básico, actos contra el pudor y actos contra el pudor contra menores de edad), es decir el 17.8% del total. Este porcentaje es menor al de los internos por robo, pero cerca de los presos por tráfico de drogas que son 18,900, es decir, el 20.4%.

2) El Ministerio Público reporta que desde el año 2000, ha investigado 256 mil denuncias por violación sexual, un ciclo de 16 años cuya principal característica es el aumento de denuncias a una tasa de 9.6% por año. La progresión del delito es muy clara: el año 2000 hubo 5 mil denuncias y el año pasado casi llegan a 22 mil. Salvo la extorsión, no hay delito que haya progresado tan aceleradamente en el país. ¿Se denuncia más ahora? Sí.

3) Las sentencias van en aumento y no se puede decir sin mayores datos que en este tema predomina impunidad. De hecho, dos tercios de los internos en cárceles por delitos sexuales han sido sentenciados, una cifra alta si se compara con el tráfico de drogas que tiene solo al 28% de sentenciados. De los datos del Poder Judicial se desprende que los jueces están condenando violadores y autores de delitos contra el pudor en forma creciente. El 2015 sentenciaron a 5,885 personas, el año pasado 6,106, y hasta agosto de este año a 4,775. El aumento de sentenciados en las cortes superiores de Arequipa, Cusco, Junín, Lima Este, Madre de Dios, Puno y Ucayali, es impresionante.

La masividad de estos delitos nos remite a una primera conclusión. Este estallido no se puede combatir solo desde el derecho penal o la política criminal clásica. La explosión delictiva da cuenta de profundos problemas no encarados, y patentiza una batalla en el plano de las ideas y de las políticas públicas.

Cuando ves o lees a personas que prefieren luchar contra la llamada “ideología de género” con más énfasis que contra las violaciones, o a un grupo de legisladores votar a favor de beneficios penitenciarios de violadores sentenciados, es señal de que las prioridades no son las mismas frente a estos delitos. Los delincuentes están haciendo lo que saben hacer, y quienes fallan son el Estado y la sociedad.

La indignación sin cambio es una moneda que ha perdido valor. Encarar estos delitos masivos precisa de consensos básicos como los que operan en la lucha contra la extorsión o el tráfico de drogas. Es una batalla que demanda asumir los derechos de género y contra la violencia sexual en una sola dimensión, una unidad que los indignados selectivos e intermitentes creen que pueden reemplazar por su demanda de pena de muerte, a sabiendas de que no funciona.

Toda la actuación del Estado se dirige a la etapa posterior al delito; se elevaron las penas para los casos de violación, se retiraron los beneficios penitenciarios en dos de los cuatro delitos contra la libertad sexual, se convirtieron esos delitos en perseguibles por acción pública, y mejoraron (solo un poco) los procedimientos de denuncia, reconocimiento de víctimas y juzgamiento. A pesar de ello no ha decaído el delito.

La movilización pública implica encarar la prevención desde la escuela y la comunidad y sobre todo en la familia. El gran enemigo es la reproducción de los roles tradicionales desiguales entre el varón y la mujer por mandato divino, el derecho de conquista y la propiedad personal de un ser humano; aunque uno de los peores machismos –lo acabamos de ver en la Comisión de la Mujer del Congreso– es el de las mujeres. Desde el tradicionalismo no se podrá parar este delito masivo.

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