Sobre el periodo de violencia política y lucha contra el terrorismo

El libro de Carlos Tapia

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JUAN DE LA PUENTE | larepublica.pe

       

JULIO2018

 

 

El texto de Tapia insiste en el concepto de memoria que proyectó hace 15 años la CVR y que ahora sufre una embestida que pretende sustituirla por una memoria sesgada.

Recomiendo vivamente el reciente libro de Carlos Tapia sobre el periodo de violencia política y lucha contra el terrorismo que afectó el país (Tapia, Carlos 2018. Tiempos oscuros, 1983-1995. Lima: Editorial Otra Mirada), un texto que irrumpe en la discusión sobre el pasado y presente senderista, aportando minuciosamente a la reflexión sobre el carácter de su derrota, en momentos en que se cuestionan los elementos que forman una memoria única de esos aciagos años.
Tapia aporta y estudia hechos y documentos, y contextualiza las estrategias que estas imprimieron. Analiza, por ejemplo, el giro en la lucha contrasubversiva a finales de los 80 para corregir clamorosos errores, en favor de un modelo integral que incluía lo político, económico y sicosocial, un esfuerzo que se concretó en el Manual M41-7 llamado “Guerra no convencional. Contrasubversión”, aprobado en agosto de 1989, pocos meses después de que se iniciaran las investigaciones encubiertas de la DIRCOTE, que terminaron en la creación del GEIN.

En este viraje (1988-1991) se adoptaron dos decisiones que cambiaron el curso de la guerra interna, el congreso senderista de 1988 que se propuso alcanzar el “equilibrio estratégico” y la masiva organización de la sociedad a través de las rondas y autodefensas armadas, que permitió establecer una nueva relación con la población desde una lógica participativa, contra la política senderista de sometimiento de los civiles mediante el terror. La autodefensa fue una gesta compleja y no ausente de excesos, abordada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Informe CVR tomo II) y poco estudiada luego; a fines de 1991, en Ayacucho estaban organizadas en comités de autodefensa 836 comunidades y en 1994 las FFAA registraron allí 1.564 comités, con 61.450 miembros y 5.583 armas. A nivel nacional existían ese año 4.205 comités, con 235.465 integrantes y 16.196 armas (Del Pino, Ponciano 1996 en Las rondas campesinas y la derrota dl PCP Sendero Luminoso. Lima: IEP).

El texto de Tapia insiste en el concepto de memoria que proyectó hace 15 años la CVR y que ahora sufre una embestida que pretende sustituirla por una memoria sesgada, donde la imagen de heroísmo está esencialmente reservada a las FFAA y la policía. De todos los errores del intento de construir un registro conservador de la lucha contra el terrorismo, el más serio es la militarización de la memoria, y la expulsión de ella -o su ocultamiento- de la sociedad organizada, los partidos políticos y las autoridades civiles.

Siempre me pareció equívoco que el Apra no pugnase por recuperar como un acierto de su gobierno el inicio de este giro crucial de la estrategia antisubversiva, y que se conformase con adjudicarle a Fujimori el éxito de ese cambio. Tapia documenta la tendencia que jugó en este viraje la serie de golpes a la estructura senderista, especialmente a su cúpula entre 1988 y 1990, y deja claro que al terrorismo lo derrotó un enfoque político reflejado en una estrategia militar.

La épica civil en la derrota del terrorismo es imprescindible, y forma parte de una sola memoria –indivisible- y que sigue buscando justicia y reparación. De acuerdo a los datos proporcionados por el Apra a la CVR, mil 300 militantes de ese partido fueron asesinados de manera selectiva o en atentados colectivos, la mayoría de ellos gobernadores y tenientes gobernadores. De acuerdo a un texto del entonces senador Sandro Mariátegui publicado en 1986 (Acción Popular en la lucha: un Partido a imagen y semejanza del Perú), entre mayo de 1982 y mayo de 1985, el terrorismo asesinó a 80 autoridades de ese partido, mientras que, según Tapia, los militantes de los partidos de Izquierda Unida asesinados por SL superarían los 450, sin contar a las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas de las FFAA y de la policía, varios de cuyos casos fueros judicializados. Asimismo, en el periodo de violencia fueron asesinados 248 alcaldes, 161 de los cuales, en manos de SL, y que ahora mismo centenares de peruanos se encuentran exiliados en América y Europa. A ellos tampoco se les p

 

 

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