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La rebelión ha terminado

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JUAN DE LA PUENTE

MARZO2019

 

Los dos años que vienen no serán como el 2018, largo y tumultuoso, sino cortos y bochornosos, una sucesión de coyunturas livianas.

El 2021 acaba de empezar. La rebelión de los últimos meses, el desafío que supuso la lucha contra la corrupción –vivida como un periodo turbulento e inconexo de crítica radical al sistema, y que empoderó al presidente Vizcarra– ha terminado. Contando inclusive los avances institucionales que supondrían la nueva Junta Nacional de Justicia y los nuevos órganos de control de la fiscalía y el Poder Judicial, debe reconocerse que el sistema ha resistido bien y está ganando la partida.

El referéndum, que ya luce irreconocible, resolvió la disputa entre el Gobierno y el Congreso, e inició una transición signada por la incertidumbre sobre el cambio que sobrevendría al liderazgo político descabezado. Esta incertidumbre duró muy poco; la idea del cambio ha perdido peso, especialmente la madre de las reformas, la política.

Vizcarra se dirige a ser un presidente convencional y las instituciones tocadas por la rebelión, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público, se regeneran con códigos contrarios a lo nuevo. No necesitaron reconstruirse.

No es la primera transición trunca de nuestra historia y hay varias respuestas que buscar. Por ahora me parece que la clave es la debilidad de la coalición vizcarrista que estaba llamada a generar un gran movimiento en la sociedad. Esta coalición es muy débil arriba, no se ha construido entre la gente, se ha desmovilizado y no ha podido transformarse en un plebiscito constante. ¿Un ejemplo?, el premier se reúne solo con las bancadas parlamentarias mientras que una marcha de la sociedad civil que demanda derechos llega al Congreso.

En esas condiciones, la reforma en democracia no será posible. El Gobierno ha perdido su capacidad decisoria e ilusoria y no sé si podrá recuperarla. Es un revés serio que la aprobación presidencial caiga 12 puntos en un mes, pero es más peligrosa la convicción de que el presidente no tiene un plan claro para el desarrollo del país, que se dispara al 54%. Es duro reconocerlo, pero ambos datos implican la pérdida de la mayoría política en manos de una oposición sin cabeza y sin piernas.

Conjurando el pesimismo habría que reconocer que estos meses, y desde el período anterior, inclusive, ha crecido una conciencia social sobre aspectos cruciales de la agenda pública, como la transparencia, la rendición de cuentas y las libertades. El liberalismo de los derechos ha tenido mejor suerte que el liberalismo de las instituciones.

Los dos años que vienen no serán como el 2018, largo y tumultuoso, sino cortos y bochornosos, una sucesión de coyunturas livianas. Nos aprestamos a una alta rotación de cargos públicos y al aumento del reclamo de soluciones radicales, persuadidos la mayoría de peruanos de que el primer dato de esta etapa es la resistencia al cambio.

La cancelación de esta transición tendrá efectos en el fortalecimiento de la coalición conservadora, y acaso en la formación de una nueva coalición populista, autoritaria o no (es casi de manual que la frustración reformista arrastra propuestas experimentales), en tanto es un misterio el camino que tomará la coalición constituyente, lesionada desde el encuentro de Huancayo del 26 de enero pasado.

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