¿Reforma laboral?

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JUAN JOSÉ COVEÑAS BENITES, Abogado | ENVIADO POR CARLOS ORTIZ CORNEJO

 

 

 

“Las masas reclaman la unidad. Las masas quieren fe. Y, por eso, su alma rechaza la voz corrosiva, disolvente y pesimista de los que niegan y de los que dudan, y busca la voz optimista, cordial, juvenil y fecunda de los que afirman y de los que creen.”


José Carlos Mariátegui - 1924

 

El día 6 de noviembre de 2017 el diario Gestión, en su columna editorial (Pág. 24) titulada “Reconstrucción laboral” y en sus dos páginas centrales (Págs. 18 y 19) bajo el título “Pasa de 55% a 61% percepción que legislación laboral dificulta crear empleo” suscrito por Luis Hidalgo Suarez, tomando como sustento una encuesta de Pulso Perú, llega a la conclusión que el 61% de la población nacional opina que la legislación laboral nacional es poco flexible e impide que los empresarios contraten nuevos trabajadores; por lo que debe ser derogada y reemplazada por otra que permita despedir sin causa y sin indemnización al trabajador y contratar nuevos trabajadores sin los derechos que hay son considerados por los empresarios como costos que encarecen un puesto de trabajo; en otras palabras, el objeto de reemplazar la legislación laboral es disminuir los costos laborales al empresario y reducir los salarios desapareciendo los derechos del trabajador..


En resumen, el editorial de Gestión establece:


1. Que la opinión que recoge la encuestadora Pulso Perú no es la de empresarios y analistas ligados a los primeros, sino de la población común y corriente (de los obreros y trabajadores que laboran bajo contrato de trabajo sujeto a modalidad y a tiempo determinado por un salario mínimo, del vendedor ambulante que se ve sometido a la violencia de la delincuencia y del serenazgo de las municipalidades, del hombre que se ve obligado a aceptar trabajo esclavo como el que originó la tragedia de las Malvinas en la Av. Argentina, etc.); por lo que el Poder Ejecutivo debe de tener en cuenta esa opinión al momento de solicitar facultades legislativas al Congreso de la República. Esto último no lo dice, pero lo propone en forma tácita.


2. Que dado este panorama, es el momento oportuno para hablar de una reforma laboral, que flexibilice esa legislación que impide que la mayoría de la población tenga empleo y que suprima los derechos que hoy gozan los “obreros privilegiados” que hoy tienen un puesto de trabajo.


Es importante señalar que la opinión de Gestión, que pertenece al grupo “El Comercio” y que, por tanto, representa los intereses de la oligarquía financiera y de grandes empresas monopólicas transnacionales y nacionales, se da faltando pocos días para que la Premier Mercedes Araoz haga su solicitud de facultades para legislar al Congreso de la República. No debemos de olvidar que el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, manifestó que entre las facultades que se iba a solicitar se encontraba la de política laboral, la misma que tiene por objeto la flexibilización de legislación laboral (Revista Caretas N° 2507 publicada en el día 28 de septiembre de 2017).


En la página 18 de Gestión, en su tercer párrafo se señala que la tendencia a responsabilizar a la legislación laboral de la falta de trabajo es de 63.3% en los niveles socio económicos “A” y “B” y de 55.6% en el nivel “C”, pero no establece cual es la opinión de la población comprendida en los niveles “D” y “E”, que es la más numerosa.


En el quinto párrafo se señala que el 84% de la población está de acuerdo con que el Gobierno (debemos de entender el Estado) debe dar incentivos a las empresas para que fomenten el empleo juvenil; y que, de ese porcentaje, el 88.3% corresponde a los niveles económico sociales “A” y “B” y el 88.9% al nivel “C”. Como podemos observar, aquí tampoco ha tenido opinión la población comprendida en los niveles “D” y “E” que, reitero, es la más numerosa.


En otras palabras, la opinión que pretende vendernos el diario Gestión es la que corresponde a los niveles socioeconómicos a los que pertenecen los banqueros, grandes y medianos empresarios (nivel “A” y “B”) y, probablemente, de la denominada “clase media”, a la que denominaremos “burguesía emergente” (nivel “C”). Y como no se ha mencionado en forma expresa, deberé de concluir que la opinión de los niveles “D” y “E” no se han tomado en cuenta, debido a que sería contraria a la opinión que se quiere vender como prevaleciente en la población nacional. En otras palabras, el grupo El Comercio, a través de su apéndice Gestión, está mintiendo a la opinión pública con el objeto de justificar un asalto, en toda la línea, contra los derechos laborales en agravio de los trabajadores y en beneficio de los patrones (CONFIEP, SIN, CCL, ETC.).


El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Ramos Carraro, ha manifestado en diversos foros, pero en particular en el Consejo Nacional del Trabajo, que el contrato laboral ideal y que es el que debe de imponerse en el Perú es el Contrato de Trabajo que se aplica a la exportación no tradicional, Decreto Ley N° 22342, dado por el Dictador Morales Bermúdez y mantenido por los gobiernos “democráticos” que le siguieron; y que los demás contratos laborales, entre los que se encuentra el regulado por el Decreto Legislativo N° 728, deben ser derogados.


El objeto de imponer, “manu military”, el contrato de trabajo que se aplica a las exportaciones no tradicionales tiene por objeto: suprimir los contratos de trabajo a tiempo indeterminado y dejar subsistentes los contratos de trabajo sujetos a modalidad y a tiempo indeterminado; reducir, a su máxima expresión, la indemnización por despido arbitrario, para facilitar el despido de los trabajadores que laboran bajo contrato de trabajo a tiempo indeterminado; suprimir la Compensación por Tiempo de Servicios y reemplazarla por el denominado “seguro de desempleo”, el mismo que se financiaría con aportes descontados directamente del salario del trabajador, para ser depositado en empresas aseguradoras (bancos), las que dispondrán de su uso al igual que lo hacen hoy las AFP con los aportes de pensiones; disminuir el derecho del descanso físico vacacional a su mínima expresión: una semana al año; eliminar las gratificaciones de fiestas patrias y navidad, distribuyendo su monto en doce mensualidades, para de esa forma, con el derecho que le corresponde al trabajador, “incrementar” el salario suprimiendo el derecho a las gratificaciones; independientemente de los derechos adquiridos por convenio colectivo, que desaparecerían automáticamente.


Como consecuencia de esta forma de contratación, los empresarios se aseguran que no habrá Sindicatos, negociación colectiva ni derecho de huelga, pues habrán desaparecido las planillas de trabajadores con contrato de trabajo a tiempo indeterminado.


Esta burguesía parasitaria, con el objeto de dejar sin efecto, en la práctica, la solidaridad de clase, pretende vender la idea de que esta flexibilización laboral no va a afectar a los trabajadores que hoy se encuentran en la producción, que se aplicará a los trabajadores nuevos, a los contratados bajo la ley del empleo juvenil que se apresuran a aprobar en el Congreso o a aprobarla directamente por el Poder Ejecutivo con las facultades legislativas que, saben, el Congreso no les va a negar. En otras palabras, pretenden que, mediante el miedo a perder lo ahora se tiene, la clase obrera peruana y los trabajadores peruanos, en general, van a vender los derechos laborales que corresponden a toda una clase social: la clase obrera, en perjuicio de los trabajadores que recién se incorporan al mercado laboral. Ese pensamiento espurio es propio de una burguesía que medra a la sombra del imperialismo.


De imponerse, manu military, la denominada “reforma laboral” predicada por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo o “revolución social” como se expresó la Primera Ministra Mercedes Araoz en su discurso ante el Congreso de la República el día 12 de octubre de 2017 cuando acudió a solicitar confianza para su gabinete, los nuevos dispositivos flexibilizadores se aplicaran indiscriminadamente a todos los trabajadores, sin excepción, pues uno de los objeto de estos es abaratar el despido y hacerlo expeditivo. En consecuencia, no es cierto lo que afirma el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, la Primera Ministra, y la burguesía a través de sus medios como El Comercio y como Gestión.


Lo que están preparando los sectores de derecha más reaccionarios, en un nuevo retroceso en el derecho laboral en perjuicio de los trabajadores, retroceso que fue iniciado el dictador Fujimori y que fue mantenido, sin sonrojarse, por los denominados “gobiernos democráticos”; retroceso que estamos viendo en países como Brasil y Argentina y que tiene por objeto que los trabajadores, con los parte de los salarios que no se les paga, incrementen la riqueza de las oligarquías dominantes y del imperialismo.


La clase obrera peruana, en particular, y los trabajadores en general, no podemos permitir que esto suceda. Las organizaciones sindicales, sin importar el color de bandera deben de unirse en un solo puño contra la ofensiva burguesa que se está efectuando en toda la línea.


El título del editorial de Gestión: “Reconstrucción Laboral”, constituye una burla para la clase obrera peruana y pretende hacerla análoga a la reconstrucción que debe de efectuarse en las regiones devastadas a principios del presente año en todo el territorio peruano, para el cual se destinó 25,000 millones de soles y que, hasta la fecha no se ha hecho nada; reconstrucción a la que también se refieren, en su segunda parte, tanto el editorial como el artículo de Gestión. En el caso del desastre natural la reconstrucción es una necesidad que la indolencia y la incapacidad del Gobierno y de sus “tecnócratas” no han solucionado, pese a existir recursos. En el caso laboral, existe un edificio de derechos construido en largas luchas por la clase obrera peruana; edificio que ha sufrido el embate, no se la naturaleza que es impredecible, sino de gobiernos pro-imperialistas, de una clase burguesa parasitaria y que gobiernos como de los dictadores Morales Bermúdez y Fujimori han mellado gravemente, pero no han podido derrumbarlo. El objeto de este Gobierno es continuar con la destrucción de ese edificio y para coronar ese objetivo va a utilizar todas las armas que el Estado le otorga.


El objeto de la clase obrera peruana, y de los trabajadores en general, es no solo defender el edificio de sus derechos, sino avanzar a reconquistar los derechos que se nos arrebató mediante la violencia de la represión indiscriminada, los despidos masivos y el crimen, como los crímenes ocurridos durante el gobierno aprista (Saúl Cantoral, Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos de Perú – FNTMMSP y la dictadura de Fujimori (Pedro Huillca Tecse, Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP).


La ofensiva que estamos enfrentando, a nivel nacional e internacional de las derechas más reaccionarias, solo podrá ser detenida, y posteriormente vencida, por la fuerza unida de la clase obrera peruana y de todos los trabajadores.

 
Lima 6 de noviembre de 2017.

 

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