Comisión de trabajo del Congreso de la República

Cambios laborales y negociación colectiva

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https matias Manzanilla UNMSM

 

 

 

 

Negociación y convención colectivas
Jorge Rendón


La negociación colectiva es un derecho irrenunciable. Lo garantiza la Constitución: “El Estado reconoce los derechos de […] negociación colectiva […] Fomenta la negociación colectiva …” (art. 28º). Más aún: la razón de ser fundamental de una organización sindical, cualquiera que sea su nivel, es su intervención en la negociación colectiva en defensa de los intereses de sus representados. Por lo tanto, jurídicamente no puede depender del acuerdo de las partes. Presentado un pliego de reclamos por un sindicato, por una federación o por una confederación de trabajadores, el empleador, el conjunto de los empleadores o la organización de empleadores del nivel pertinente están obligados a negociar. El Decreto Ley 25593, del 26/6/1992, introdujo en la negociación colectiva la disposición mencionada del Proyecto (art. 45º del Texto Único Ordenado del Decreto Ley 25593). Fue copiada del “Plan de Trabajo”, aprobado por el Decreto Ley 2756, del 29/6/1979, expedido por el gobierno del general Pinochet de Chile, y luego reproducida en el Código de Trabajo aprobado también por ese gobierno. Efecto de esa disposición del Decreto Ley 25593 ha sido la eliminación de la negociación colectiva por rama de actividad. Las organizaciones empresariales la han rechazado sistemáticamente, y nunca pudo haber un acuerdo para llevarla a cabo en ese nivel. Sólo la Federación de Trabajadores de Construcción Civil ha podido obtenerla por la acción de sus bases en las calles(1).

(1)La misma cúpula sindical que ha consensuado el Proyecto de Ley General de Trabajo convino con los delegados de los empresarios en el Consejo Nacional de Trabajo la eliminación del derecho de negociación colectiva y ese acuerdo fue comunicado a la Comisión de Constitución del Congreso de la República que tuvo que cambiar la fórmula que ya había sido elaborada (reconociendo el derecho de negociación colectiva) por la fórmula consensuada, y luego ésta fue aprobada por el Pleno de este órgano el 26/11/2002. Por fortuna, esa reforma constitucional no llegó a consumarse. No podría negarse que esos delegados laborales son consecuentes con sus decisiones en contra de los trabajadores.

 

 

Cambios Laborales


Recientemente se han publicado tres importantes normas relacionadas con el tema de la licencia al trabajador para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad y con la inspección del trabajo.


Respecto a la primera, más de tres años han tenido que transcurrir desde la dación de la Ley Nº 30119, para que por D.S. Nº 13-2017-TR, se publique su Reglamento. Y durante todo ese tiempo la Ley reseñada no pudo ser aplicada ya que de acuerdo a lo establecido en su 2ª DCF sus alcances entrarían en vigencia con la dación de su Reglamento, lo que ha sucedido recientemente. Consideramos que situaciones como esta no deberían repetirse, porque lo único que hacen es dilatar innecesariamente la aplicación de una norma, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores beneficiados con ella.


En cuanto a las otras dos normas, el 6 de agosto último se publicaron los Decretos Supremos Nºs. 015-2017-TR y 016-2017-TR que modificaron el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo (LGIT) aprobado por D.S. N° 019-2006-TR, figurando entre uno de los principales cambios la reducción de las multas en un 45%. Esta modificación lo que hace es reafirmar el hecho de que las multas que se establecieron con la LGIT eran desproporcionadas y no se encontraban acordes a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad contemplados en su texto.


Prueba de ello fue que en un inicio se estableció la rebaja del 90% de las mismas y, posteriormente, se dispuso de un plazo de tres (3) años (que venció el 11 de julio último) durante el cual el Sistema de Inspección del Trabajo privilegió acciones orientadas a la prevención y corrección de conductas infractoras.


Esto ratifica la posición que siempre hemos sostenido desde estas páginas editoriales en el sentido que ambos enfoques, orientador y sancionador deben darse conjuntamente en aras de lograr el objetivo central de la inspección del trabajo el cual es verificar el cumplimiento de las normas de trabajo.


No hay texto alternativo automático disponible.

Desde que la legislación laboral protectora de los trabajadores comenzó a ser precarizada legalmente en la década del noventa, mi posición fue combatir específicamente cada norma perjudicial para los trabajadores. En uno de mis artículos dije que en este asunto se debía aplicar el principio de Arquímedes sobre la palanca: cargar la fuerza sobre un punto de apoyo y actuar todos a una. Algo de esto ha sucedido con la malhadada “Ley Pulpín”. La fuerza social se fue concentrando sobre la necesidad de su derogatoria y la mayoría en el Congreso se vio obligada por conveniencias políticas a derogarla.


No se requiere remover toda la legislación laboral para cambiar las normas lesivas a los trabajadores, que son determinadas. Los abogados empresariales no han necesitado imponer una Ley General del Trabajo, sobre todo durante la década del noventa cuando podían hacer lo que les daba la gana. Les bastó sustituir algunas normas, y con eso les arrebataron a los trabajadores muchos de sus más importantes derechos para que las ganancias de los empresarios aumentaran. Luego, planearon hacerles creer a los dirigentes de las centrales sindicales que una Ley General del Trabajo podía trasladarlos a un país de ensueño. Y lo lograron. Los representantes de las centrales sindicales en el Consejo Nacional del Trabajo se tragaron la carnada, el anzuelo y el cordel. Este procedimiento empresarial ha continuado durante los regímenes de Toledo, García y Humala para arrebatarles otros derechos a los trabajadores.


A manera de muestra, voy a citar una disposición del proyecto de Ley General del Trabajo “consensuado” y retocado. El artículo X dice: “Los regímenes especiales de trabajo se rigen por la presente ley, salvo en lo que establecen sus propias normas.” Y con esto se dejaría en vigencia los regímenes de los trabajadores de las empresas con hasta 150 trabajadores, del campo y del hogar, cuyos derechos sociales están reducidos a la mitad, es decir algo más del 60% de la población laboral del Perú. Los regímenes son especiales por la naturaleza del trabajo, pero eso no quiere decir que sus trabajadores deban recibir menos que los demás. Las normas laborales son mínimos obligatorios para todos. Por lo tanto, toda norma que a ellos se refiera debería decir: “Los trabajadores de los regímenes especiales se rigen por las normas generales de trabajo. Sus normas particulares no pueden reducir el nivel de protección de las normas generales.” Una norma de este tenor no necesita estar inmersa en el farragoso texto de una ley general. Se le puede dar independientemente. El problema es que la correlación de fuerzas lo permita.

 

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