El Apra no deja huella

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ANTONIO CASTILLO

 

 
 
 

No debe pasar desapercibida la publicación de IDL Reporteros, difundida la semana pasada en algunos medios, referente a la recepción ofrecida en Palacio de Gobierno al presidente Evo Morales, en agosto del 2007; durante la cual el entonces premier del gobierno aprista, Jorge del Castillo, y su ministra de Transportes, Verónica Zavala, buscaron entre la gente y abordaron al ex embajador brasileño Luiz Augusto de Araujo.

Según el reportaje, le pidieron interceder ante las cuatro empresas brasileñas que estaban construyendo las carreteras interocéanicas Sur y Norte –Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correa y QueirozGalvao – para asegurar su participación en el proceso de licitación en los dos trechos restantes de la Interoceánica Sur, Tramo 1 y Tramo 5.

La insistencia del pedido habría sido de tal magnitud que, ese mismo día, el embajador brasileño envió un cable a Itamaraty comunicando el requerimiento. En la conversación los ex ministros le habrían señalado su disposición a examinar “la posibilidad de introducir las alteraciones que puedan viabilizar su participación en la competencia”. En buen cristiano, esto significa modificar las bases de los procesos de selección para favorecer a esas empresas.

Por eso el embajador se limitó a propiciar lasreuniones, negándose a estar en ellas:“No cabría que yo, como embajador, participara personalmente de un proceso de negociación entre ellas [las empresas] y el Gobierno peruano”, sostuvo. Como es natural, los ex ministros han negado dicha conversación y las reuniones con el embajador y los empresarios del Brasil. Pero allí están registrados los cables de la época en que Luiz Augusto de Araujo habría informado detalladamente del pedido que le hicieron.

No es la primera ocasión en que el ex premier de Alan García se ve comprometido en visitas y reuniones sospechosas con empresarios ligados a la coima y el soborno. También durante su gestión se vio envuelto en más de una reunión,en un hotel de Lima, con Fortunato Canaán, el magante de DiscoverPetroleum Internacional, y Rómulo León, lo cual le costó el cargo al estallar el escándalo de los “Petroaudios”; ya que esa empresa noruega se vio favorecida con la adjudicación de seis lotes petroleros.

El responsable de ese gobierno, Alan García, negó haberse enterado de tales reuniones; pese a que en el juicio efectuado en la Tercera Sala Penal Liquidadora de Lima, y ante el minucioso interrogatorio de la Fiscalía, Victorino Siu, exfuncionario de Petroperú, sostuvo que,en la segunda reunión con Canaán se sacó un mapa y García quiso conocer los lotes disponibles para la empresa de Fortunato Canaán.Esto concuerda con lo afirmado en su momento por Daniel Saba, el expresidente de la petrolera estatal, quien dijo que Siu le informó que el ex presidente había mandado a decir: “dénle los lotes a DPIpara que los trabajen”.

Todo lo anterior nos lleva a la gravísima preocupación de lento avance de las investigaciones actuales, por delito de Lavado de Activos, contra el expresidente García y su entorno, de las cuales no se percibe proactividad de parte de la Fiscalía. En esta columna hemos cerrado filas defendiendo la autonomía del Ministerio público, pero en el específico caso del fiscal José Antonio Castellanos, a cargo de dicha investigación, no se percibe avances significativos. Pese a que, según la propia resolución expedida en su momento por dicho funcionario, el expresidente es investigado “como parte una agrupación criminal cuyo modo de operar, se asemeja al de la Camorra italiana y otras organizaciones criminales”. En ella se sostiene que los“fondos ilícitos para cometer el presunto delito deLavado de Activos provendrían de actos de corrupción cometidos durante el primergobierno (1985) y el segundo gobierno (2006-2011) de García”. Entre esos actos se encuentran los negocios de Odebrecht, que durante este segundo periodo, fue “la principal ejecutora de obras”.

A estas alturas ya sabemos que Jorge Simoes Barata ha declarado que financió la campaña electoral del APRA en el 2006, entregándole $200,000 a Luis Alva Castro, que esa empresa entregó dos millones de dólares a su viceministro de Comunicaciones de Alan García, Jorge Cuba (actualmente preso), para favorecerla en la adjudicación de la obra Línea 1 del Metro de Lima, que , en ese contexto, “obsequió” a su gobierno el Cristo del Morro Solar, valorizado en $833,437.4, y que entregó también $35,000.00 al denominado Instituto de Trabajo y Familia, de Pilar Nores de García.

Pero el Fiscal José Antonio Castellanos, no se ha tomado la molestia, hasta ahora,de viajar a Brasil para recibir la declaración pormenorizada de Barata y otros ejecutivos de Odebrecht. Menos se sabe de alguna inspección, allanamiento, embargo, o incautación, tan demoda en estos días.

Por esta indiferencias empieza a cundir nuevamente la desconfianza en el Ministerio Público y el sistema de justicia, que costó muchísimo remontar en meses anteriores. Esperemos que el Fiscal no esté jugando a que se exceda el plazo de investigación para que García pida el archivamiento, como ya en los 90 pidió la prescripción; aduciendo que: “en política no hay que ser ingenuos”.

 

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