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Negocios privados con dinero público

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Justiniano Apaza Ordóñez Congresista

 

 

 

 

 

El escándalo de corrupción que vincula a empresas brasileñas, en especial a Odebrecht, que entregaron sobornos para adjudicarse proyectos públicos, tiene relación directa con las Asociaciones Público - Privadas (APP) en las que, en teoría, el Estado al no tener los recursos suficientes se asocia con el privado para ejecutar obras o provisión de servicios; el privado asumiría los riesgos del financiamiento. En la realidad esto no ocurre.

Así como Odebrecht tenía una unidad para administrar las coimas (“Departamento de Operaciones Estructuradas”), en nuestro país ProInversión fue diseñada para estructurar los “negociazos”; con esquemas y contratos al capricho del inversionista elegido, es decir, se elige al postor aparentemente más barato, pero durante el proceso de ejecución, vía adendas, se van “sincerando” los montos y, al final, el proyecto llega a costar igual o más caro que las propuestas de los otros postores. No es casual que los primeros encarcelados en este caso de corrupción estén vinculados a ProInversión.

El contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero es emblemático de este perverso modelo. El proyecto tiene un costo de US$ 528.4 mllns., el consorcio Kuntur Wasi debía conseguir financiamiento por US$ 264.8 mllns. para la ejecución de la obra y el Estado lo pagaría a partir del sexto año; sin embargo, el contrato inicial no fija un tope a la tasa de interés del préstamo, el concesionario, aprovechando este vacío, presenta una propuesta de crédito a una tasa de interés de 22.06% que es inaceptable. El gobierno de PPK acude en auxilio del inversionista y asume el costo de construcción con pagos por avance de obra. Significa que el Estado hará pagos en los próximos 5 años, cuando tenía previsto realizarlos en 15 años una vez culminada la obra (que tardará 5 años). En sentido estricto es una obra pública, el Estado asume el 78% de la inversión, pero el inversionista que aportará el 22% se beneficiará de las utilidades por 40 años.

En el sur, en la licitación del gasoducto, sospechosamente, se descalifica al competidor de Odebrecht y existiendo una propuesta autofinanciada a un costo de US$ 1,300 mllns., terminaría costando US$ 7,350 mllns. y con aporte público mediante la garantía que pagamos todos los usuarios en recibos de luz.

En Arequipa está el proyecto Majes Siguas II propiedad del Gobierno Regional que en enero de 2006 entregó a ProInversión el proceso de promoción de la inversión privada del proyecto. Majes II aún está en obras iniciales, ya tiene 12 adendas y fue necesario hacer un texto único ordenado del contrato.

El costo referencial de Majes II es US$ 550.4 mllns. En el contrato y esquema de inversión diseñado por ProInversión, el Estado, a través del Gobierno Regional, asume el mayor costo, US$ 282.3 mllns. (51%) y financia las inversiones en la infraestructura mayor; el inversionista, que debe aportar US$ 268.1 mllns., se presta dinero con aval del Estado y negocia con el agua que transportará a las parcelas durante 16 años.

El desarrollo del sur necesita el gasoducto, Arequipa requiere concretar el proyecto Majes y Cusco merece un nuevo aeropuerto, indudablemente, pero en condiciones de transparencia y sin afectar el interés público. No permitamos que inescrupulosos inversionistas privados, con conexiones en las altas esferas del gobierno, sigan aprovechándose de nuestras necesidades obteniendo grandes beneficios a costa nuestra.

 
 

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